El Estado ha pagado en ocho años 131 millones por errores de la Justicia

El Ministerio de Justicia ha recibido en los últimos ocho años 727 reclamaciones de otros tantos ciudadanos que se consideran víctimas de errores en sentencias o fallos judiciales, del anormal funcionamiento de la administración de justicia o de órdenes de prisión preventiva indebidas como lo prueba la absolución posterior de los interesados. El Estado ha tenido que abonar por estos conceptos más de 131 millones de pesetas, pese a que la mayoría de las reclamaciones presentadas acaban siendo desestimadas.

Un total de 727 personas han decidido acogerse al derecho a una reparación económica admitido en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada el 1 de julio de 1985. La ley establece que "los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean a consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado".

Récord en 1991

356 reclamaciones, es decir, casi la mitad de las planteadas, son debidas al funcionamiento anormal de la administración de justicia. 361 quejas se refieren a órdenes de prisión preventiva por delitos que los reclamantes no cometieron, según se demostró más tarde en el curso del procedimiento judicial. Las 10 reclamaciones restantes obedecen a presuntos errores en sentencias judiciales, según los datos proporcionados por la subdirección general de Relaciones con la Administración de Justicia.El año 1991, en que se tramitaron 133 demandas, fue el que registró un mayor número de quejas. Durante el presente año los ciudadanos han presentado 16 reclamaciones por funcionamiento anormal de la administración de justicia. Otras 12 personas piden una reparación por haber sido primero encarceladas y posteriormente absueltas al quedar demostrada su inocencia de las acusaciones que se les imputaban.

El Ministerio de Justicia está demostrando tener unos criterios muy restrictivos a la hora de reconocer los errores de sus funcionarios o del aparato judicial. Desde que entró en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo ha reconocido 97 casos, es decir, poco más del 13% del total de las demandas tramitadas.

En 1986, en su calidad de presidente del Consejo de Estado, el actual ministro de Justicia, Tomás Quadra Salcedo, fue uno de los más firmes opositores a que se concediera indemnización a la joven Patricia Bartolomé Allué. Patricia Bartolomé había sido acusada injustamente de cometer un atraco el 13 de septiembre de 1984 en Fraga (Huesca). Después de una dura y complicada batalla legal, el Tribunal Supremo dictaminó que la víctima del error judicial tenía derecho a recibir del Estado una reparación económica de dos millones de pesetas.

Tacañería oficial

Algunos abogados que han trabajado en la asesoría legal de víctimas de errores o deficiencias opinan que el Estado sigue siendo "extremadamente tacaño" a la hora de satisfacer peticiones de indemnización de las personas perjudicadas por negligencia o equivocaciones probadas de los jueces. Una de las situaciones más frecuentes que originan quejas es la pérdida de joyas, dinero u otros objetos de valor depositados en los juzgados como pruebas en un procedimiento o la excesiva lentitud en la tramitación de los expedientes que afectan a los reclamantes.La legislación permite que el Estado "haga pagar" a los jueces u otros funcionarios las cantidades satisfechas por el Estado a los ciudadanos en concepto de indemnización cuando son consecuencia de errores por dolo (de forma intencionada) o por culpa grave. Pero esta facultad del Estado parece más un principio teórico que un elemento de protección del dinero de los ciudadanos. No parece que el ministerio sea proclive a detraer de la nómina de sus empleados las sumas abonadas a los perjudicados por sus errores.