La indiscreción de un director de banco precipitó la detención

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, Luis Manglano, ordenó el 9 de abril de 1990 la detención e incomunicación de Salvador Palop, quien era concejal en el Ayuntamiento de Valencia por el PP. También decidió la detención del entonces tesorero del PP, Rosendo Naseiro; del empresario José Balaguer; de los delegados en Valencia de las empresas Dragados, Luis Janini, y Huarte, Carlos Bonet; y del arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre. El diputado Ángel Sanchis nunca estuvo encarcelado debido a su condición de diputado. Esa condición es la que conlleva que la vista se esté celebrando en el Supremo.

El juez investigaba la presunta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a diversas empresas a cambio de apoyarles en las contratas de obras y servicios de diferentes ayuntamientos. Manglano disponía de escuchas telefónicas con indicios de un delito de cohecho. También había decidido intervenir las cuentas bancarias de los sospechosos para conocer movimientos de capital.

El juez no tenía prisa alguna para realizar su investigación. Incluso preveía semanas o meses de trabajo en este asunto. Sin embargo, un hecho precipitó los acontecimientos. A través de una de las escuchas telefónicas conoció que Salvador Palop había sido informado por el director de una sucursal bancaria de la existencia de la orden judicial de intervención de su cuenta.

Plan de Cullera

Manglano ya no esperó y detuvo a Palop, Naseiro, Balaguer, Janini, Bonet y Latorre. El 10 de abril, en Semana Santa, comenzó a interrogarles. Ese día descubrió con estupor un gran error. Latorre no era el arquitecto que buscaba. A quien investigaba era al redactor del plan urbano de Cullera, Javier Domínguez.

A lo largo de cuatro días, el juez tomó declaración a los implicados, que iban quedando en libertad tras los interrogatorios. Los inculpados no eran defendidos por abogados de libre designación, sino por otros del turno de oficio.