Juristas progresistas defienden las garantías "en todos los casos y persoñas"

Los juristas que han aceptado opinar sobre la resolución de¡ Tribunal Supremo en el caso Naseiro han mostrado su satisfacción por la protección de los derechos fundamentales. La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas (FAJP) ha pedido la defensa de las garantías "para todos los casos y personas". Un fiscal ha señalado que si él fuera acusado de cohecho, pediría a su ahogado que no alegara defectos de forma y demostrara su inocencia.

La FAJP, que agrupa a unos 2.200 juristas, en su mayoría abogados, según recordó su portavoz Tomás Iglesias, manifiesta la satisfacción "ante cualquier decisión jurisdiccional como ésta, que extrema y subraya las garantías constitucionales para los encausados en un proceso penal, cualquiera que sea el delito del que se les acuse, su ideología o posición". Asimismo, anuncia una reflexión más meditada, a la vista de la resolución y atendiendo a "la preocupación y sensación que pueda haber entre los ciudadanos de que se produzca impunidad ante la presunta comisión de delitos generadores de gran y lógica alarma social".Este colectivo de juristas añade: "Nos gustaría que algunos sectores que celebran con alegría esta decisión judicial, se sumen a esta orientación de satisfacción que nosotros mantenemos siempre, para todos los casos y personas". Aseguran también que la resolución del Supremo ",no ¡mplica ni un ápice de demérito en la valía profesional e integridad moral del magistrado Luis Manglano, cuya trayectoria viene avalada precisamente por la defensa de los valores constitucionales y demócráticos".

La reflexión de la FAPJ es la consecuencia de la siguiente consideración: "A quienes, día a día, realizamos profesionalmente tareas en el ámbito de la justicia, nos consta que es frecuente la modificación de decisiones adoptadas por jueces y tribunales, a través de la vía de los recursos contra ellas. Que este sea un caso más en este sentido sólo supone que el Tribunal Supremo ha considerado incorrecta la aplicación de la legalidad efectuada por el juez de instrucción".

Cuestiones de forma y de fondo

Los portavoces de las asociaciones judiciales o fiscales, o no pudieron ser localizados ayer o declinaron pronunciarse sobre una resolución que no conocían en profundidad. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Ladislao Roig, declaró, sin embargo, a título personal: "Si a mí me acusaran del delito de cohecho y fuera inocente, prohibiría a mi abogado que utilizara en mi defensa defectos de forma y le pediría que, por el contrario, fuera al fondo del asunto para demostrar mi inocencia".

El magistrado Ángel Calderón Cerezo, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, declinó pronunciarse por estimarlo "poco elegante", tratándose de un asunto sometido al Tribunal Supremo. En igual línea, Juan Ortiz Urculo, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), de similar tendencia, se limitó a opinar que "si las pruebas están ¡lícitamente obtenidas o lesionan derechos fundamentales, la consecuencia de su nulidad nos parece correcta", aunque recordó que no había leído la resolución y que ésta no es firme todavía.

Entre los juristas que se felicitaron por la defensa de los derechos fundamentales realizada por el Tribunal Supremo no faltaron los que señalaron el contraste entre la defensa de un equipo de catedráticos como el que ha asesorado a los encausados en el caso Naseiro y la defensa de personas carentes de recursos económicos, para quienes con frecuencia los derechos fundamentales no cuentan con unos vigilantes tan expertos. Para tales juristas, a partir de ahora el listón debería igualarse desde los órganos judiciales.