1993: presos a pan y agua

Los presupuestos no son la especialidad de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios. Si sólo un año después de aprobarse el plan de cárceles -con un gasto previsto de 130.000 millones de pesetas y 20 nuevas prisiones- ha tenido que ampliar el presupuesto en 30.000 millones y ha perdido ya dos de las 20 cárceles previstas, ahora se sabe que está acumulando una deuda en mantenimiento de prisiones y suministros que supondrá 12.051 millones a fines de 1992. Esto significa que para pagar la deuda adquirida tendría que reducir prácticamente a cero las reparaciones y los suministros de electricidad, combustible, agua, hospitales o alimentos en 1993 en las cárceles españolas.

Sin embargo, no puede decirse que estas cifras sean una sorpresa. Si el déficit en el gasto en el capítulo de suministros y mantenimiento a finales de 1992 será de 4.600 millones de pesetas, el de 1991 era ya de 4.372 millones y el de 1990, de 3.079 millones. Lo que da la cifra de 12.051 millones de pesetas. Estas cifras repercuten en uno de los capítulos que más han crecido proporcionalmente en los presupuestos de Asuntos Penitenciarios en los últimos años. Cuando llegó Antoni Asunción a dirigir ese departamento se encontró que el presupuesto en este capítulo en 1987 era de 4.500 millones de pesetas. Cinco años después, el presupuesto alcanzaba ya los 12.300 millones. Para intentar salir de esta situación, Asunción pidió el pasado mes de febrero un crédito extraordinario de 12.100 millones de pesetas al Ministerio de Economía y Hacienda, que le ha sido denegado.Para justificar este crédito, Asuntos Penitenciarios aludía a la diferencia entre los costes y el dinero presupuestado. Así, por ejemplo, los gastos previstos de medicina, 534 millones de pesetas, supondrán en realidad 1.370 millones; gastos y proyectos con 888 millones de pesetas previstos supondrán en realidad 1.952 millones y la reparación y mantenimiento de los 74 centros penitenciarios supondrán 1.460 millones frente a los 465 previstos.

Una parte importante del presupuesto de medicina está destinado a los enfermos de sida. Un 20% de la población reclusa española, alrededor de 34.000 personas, está infectada con el virus del sida (VIH) y 1.333 presos necesitan tratamiento especial. El gasto por enfermo y año es de 800.000 pesetas, lo que supodrá sólo en este capítulo 1.000 millones de pesetas.

Resulta por lo menos extraña esa previsión de 534 millones de pesetas, cuando sólo el tratamiento especial duplica prácticamente esa cifra. Además hay que incluir que al menos un 41 % de los reclusos están infectados de hepatitis B y un 3,3% padecen sífilis. Por otra parte, la cifra de un 20% de infectados por VIH es inferior a la de años atrás: 24,2% en 1990 y 28,4% en 1989, con lo que difícilmente puede achacarse a un incremento inesperado de la enfermedad. El retroceso de esta enfermedad, así como de la hepatitis, se debe en un porcentaje importante a que muchos drogadictos han optado por el consumo de drogas por vía nasal (esnifada) o fumada por miedo al contagio.

La práctica seguida con los centros penitenciarios en los últimos anos y que ha llevado a la acumulación de deuda ha sido realizar "la compra de los bienes y servicios necesarios" al margen de lo presupuestado, deslizando la deuda a los años siguientes. Esta fórmula ha llevado a deudas cada vez mayores y a la explosiva situación actual., que puede suponer el ahogo del sistema financiero cuando los gastos necesarios para mantener las cárceles ya no puedan realizarse.

De momento, según reconoce Asuntos Penitenciarios en su petición de dinero al Ministerio de Economía y Hacienda, "la situación de endeudamiento encubierto determinará que la deuda acumulada a final de 1992 equivalga prácticamente a los créditos para l993".

Farmacias militares

En algunos casos, esta situación ha llevado ya a que proveedores habituales no puedan mantener el crédito y hayan dejado de aprovisionar a las cárceles. Entre éstos se encuentran las farmacias militares.

Esta situación de quiebra no parece haber ablandado al Ministerio de Economía, que contestó a la petición de Antoni Asunción con una oferta de 657 millones de pesetas y un consejo.

Economía parece haber descubierto que el importante presupuesto del plan de cárceles (160.000 millones de pesetas) pueden dar cobijo a muchas cosas más, y no ha dudado en aconsejar a Antoni Asunción que trasvase a la empresa estatal que debe construir las nuevas prisiones parte de los 4.600 millones del déficit que espera para este año.

Tampoco parece haber impresionado a Economía otro de los argumentos utilizados desde Asuntos Penitenciarios, como es el "grave quebrantamiento económico de la generalidad de los acreedores (en dos terceras partes, pequeñas empresas y economías familiares) ante el impago de sus deudas, sin cobertura financiera".

La deuda actual con pequeñas empresas, reparaciones, vestuario, alimentos o material didáctico y educativo alcanza los 4.759 millones de pesetas.