La policía desmonta un fraude de decenas de miles de millones a la Seguridad Social

La brigada de la Policía Judicial ha detenido en Madrid a tres hombres y a una mujer acusados de tramitar ilegalmente pensiones de invalidez de la Seguridad Social mediante el cobro de altas cantidades de dinero. Los solicitantes llegaron a pagar hasta 1,5 millones de pesetas a cambie, de obtener dictámenes médicos que certificaban su incapacidad laboral y, por tanto, les permitían cobrar las pensiones. La estafa podría suponer, según fuentes policiales, decenas de miles de millones de pesetas. La mayoría de las pensiones concedidas ascendían a 138.000 pesetas mensuales.

Entre los detenidos de ayer se encuentran un funcionario de la unidad médica de Valoración de Incapacidades y un médico de la Seguridad Social, perteneciente al mismo departamento, que, según la policía, eran la columna vertebral del fraude. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) descubrió a principios de año este caso, y alertó de inmediato a la Comisaría General de la Policía Judicial.Los detenidos son el funcionario Fernando Valera Hurtado, acusado de coordinar las citas entre médico y clientes; el médico de la Seguridad Social Félix Rodríguez Sodupe, que presuntamente resolvía favorablemente los expedientes; el presunto captador de solicitantes, José Gallego Ramos, y Ana María Eusebia Sánchez quien, según la policía, se encargaba del papeleo. Todos han pasado a disposición judicial.

En la operación fueron detenidas otras 11 personas, todas en Madrid, que posteriormente fueron puestas en libertad. En los registros policiales se han intervenido 225 expedientes de invalidez que están siendo investigados por funcionarios del Grupo de Investigación de la Seguridad Social.

Rebajas

La cuantía de cada una de las pensiones obtenidas irregularmente asciende a 138.000 pesetas mensuales, por lo que la estafa puede alcanzar decenas de miles de millones de pesetas.

Los solicitantes pagaban entre un millón y un millón y medio de pesetas por un informe médico certificando su invalidez y por la resolución favorable de sus expedientes. Si la pensión de invalidez conseguida era de un grado menor al solicitado, la cantidad a pagar se veía rebajada a quinientas mil o seiscientas mil pesetas.

Uno de los detenidos, José Gallego Ramos, poseedor a su vez de una pensión de invalidez, se encargaba de ponerse en contacto con las personas que estaban solicitando o pretendían solicitar pensiones en la Seguridad Social. Éstas eran tramitadas por Ana María Eusebia Sánchez desde un despacho de la calle de Pan y Toros, en Madrid, donde se hacía pasar por graduada social. Allí acudían los solicitantes para formalizar su petición.

Eusebia Sánchez, considerada la cerebro de la operación, se quedaba con medio millón de pesetas, y se ponía en contacto con Fernando Valero Hurtado, jefe del negociado de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social. Este recibía 50.000 pesetas por adecuar las fechas en que habían de comparecer los solicitantes al reconocimiento facultativo, para que coincidieran con el día en que trabajaba el médico Félix Rodríguez Sodupe.

Siempre según la policía, Félix Rodríguez emitía dictámenes favorables a la concesión de las pensiones, a cambio de la mitad del dinero recibido por Fernando Valero.