Candau reconoce errores y acusa al PP de mala fe en su crítica a RTVE

"Es cierto que en la auditoría de 1990 se reflejan errores y negligencias -nunca actuaciones delictivas-, pero no las suficientes" para montar el pollo que se ha montado". Jordi García Candau, director general de RTVE, sintetizó ayer de este modo su posición ante la auditoría que ha provocado varias denuncias. del PP, que considera que RTVE benefició a empresas y personas relacionadas con el PSOE y ex directivos de¡ Ente". En la comparecencia extraordinaria de García Candau ante la comisión de control de RTVE, el PP pidió responsabilidades políticas a Felipe González y la dimisión de García Candau.

La expectación levantada por la comparecencia extraordinaria de García Candau, después de varias semanas de acusaciones y desmentidos sobre la gestión de RTVE, quedó reflejada desde el primer momento. El acto parlamentario presentó tres novedades significativas: extraordinariamente, Jordi García Candau acudió escoltado por los directores de TVE y RNE -Ramón Colom y Diego Carcedo, respectivamente- y el director del gabinete técnico, José Luis Rodríguez Fraguas; los diputados del PP regresaron a la comisión después de varios meses de ausencia voluntaria; y, por primera vez desde que ocupa el cargo, García Candau accedió, de forma voluntaria y por iniciativa propia, a convocar una rueda de prensa.Bajo este clima, Javier Arenas, vicesecretario general del PP y portavoz de este grupo en la comisión, fue el primero en romper el fuego: "Solicito al presidente [el diputado popular Luis Ramallo] que el director general nos entregue la auditoría sobre la que quiere informar". "Me sorprende que diga eso ante tantos periodistas; ellos (los periodistas) saben quién es el correo.

Tras definir el marco jurídico de RTVE, "grupo sujeto al derecho privado, no a la ley de contratos del Estado, y cuyo único gestor es el director general", García Candau señaló que "ninguno de los fallos detectados por la auditora, que sin duda los hay, es, ni de lejos, constitutivo de delito". Para el director general el único acto delictivo fue el desfálco, de 90 millones de pesetas realizado por un cajero en el Centro Territorial de Cataluña. "Este hecho", subrayó, "fue denunciado ante los tribunales por el Ente y posteriormente se destituyeron a los gestores económicos de Barcelona". García Candau sí reconoció "errores y deficiencias administrativas", pero matizó que estas anomalías obedecen a 'Tallos procedimentales", causados por el incumplimiento de las normas que "dicta el director general".

El primer turno de réplica fue para el portavoz del Grupo Mixto, Juan Oliver, de Unión Valencian, que obvió cualquier posicionamiento al no disponer de la auditoría; lo mismo argumentó Laura Morso, del CDS. Los nacionalistas vascos se solidarizaron con García Candau:. "Comprendo el mal trago que le han hecho pasar y lamento la jugada política que le han intentado colar". IU tuvo mejor suerte. "No tenemos el informe global ni las alegaciones, pero sí el de TVE", afirmó Antonio Romero. Romero leyó varias irregularidades reveladas por el informe -falta de planificación y ausencia de una política de pluses, entre otras- y solicitó que fueran esclarecidas "para no alimentar a quiénes no defienden la radiotelevisión pública". En este sentido, indicó que "la tenaza" que obstruye a RTVE está provocada "por las críticas del PP y aquellos que no dan un duro para RTVE, como Solchaga". "Nos repugna el todo vale aplicado a la política", expresó el portavoz de CiU.

Javier Arenas comenzó con un recordatorio: "Estamos controlando a un político que representa a Felipe González". El portavoz popular acusó al director general de haber "institucionalizado la irregularidad" y se refirió al "intolerable aumento de los gastos en 1990; la ilegalidad presupuestaria contemplada en la auditoría y la concesión de anticipos a empresas vinculadas al PSOE". Alberto Aguiriano, del PSOE, expresó a García Candau el "apoyo incondicional" de su partido.

García Candau afirmó que las adjudicaciones directas en 1990 no superaron el 4% del volumen total; justificó los anticipos de producción -"práctica habitual en todo el mundo"- y puntualizó que las ¡legalidades presupuestarias denunciadas por la auditora fueron provocadas por una subida de 5.000 millones en las tarifas de Retevisión y una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a RTVE a saldar una deuda con la Sociedad General de Autores.