Un juez encarcela por corrupción a dos de sus funcionarios

"Estoy harto de tanta mierda" confesó un día A. A. R., abogado, a una de las funcionarias del Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona (Málaga). Este abogado es uno de los muchos procuradores y letrados de la Costa del Sol que se vieron obligados el año pasado a pagar a varios funcionarios de ese juzgado para que no bloquearan sus asuntos. Un juez de Málaga ha decidido investigar las múltiples irregularidades descubiertas: entre ellas, presuntos "cambiazos" de cocaína decomisada a narcos por polvos de talco. De momento, el juez ha procesado ya a tres funcionarios.A dos de ellos -el secretario en funciones, Francisco G. V. y el auxiliar, Miguel Ángel C. A- los metió en la cárcel el pasado 29 de mayo; el tercero, la auxiliar Concepción M. C., está en libertad condicional.

Según fuentes de la Audiencia Provincial de Málaga, ambos funcionarios, están acusados de corrupción Continuada y falsedad de documentos. Según estas fuente el sumario revela que Francisco y Miguel Ángel exigían dinero a procuradores y abogados de la Costa de Sol a cambio de Agilizar procedimientos civiles. También revela que, presuntamente, alteraron el reparto de causas para que determinados asuntos cayeran en sus propios , juzgados. El juez también investiga si el médico forense, de este juzgado, P. J. P., fallecido el año pasado, percibió un talón de 100.000 pesetas por declarar disminuido mental a un joven acusado de violación. Son muchas las irregularidades que, a medida que avanza la investigación, están surgiendo según fuentes próximas a la misma.

Diligencias secretas

Las diligencias judiciales, que han estado secretas durante cerca de ocho meses, han sido instruidas por el juez Manuel Mateos Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona. Mateos Rodríguez, sin embargo, está recusado por los procesados. En la actualidad, las pesquisas las instruye un juez especial nombrado por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Pedro Utrera Martín.El hecho de que los procesados cobraban dinero para no bloquear las causas que llegaban al juzgado es algo que han confesado al juez casi todos los procuradores y abogados interrogados. El que rehusa a pagar las tarifas (cantidades que oscilan entre las 1.500 y las 5.000) que exigían estos funcionarios encontraban como respuesta la marginación de sus procedimientos, han asegurado a El PAÍS letrados de la Costa del Sol.

Una de estas procuradoras, S. G. H, ha narrado al juez las injustificadas vicisitudes que encontraron sus causas por haberse negado a pagar las tarifas extraoficiales. S. G. H dice que poco después de que llegaran a Estepona (procedentes de los juzgados de Marbella) los tres procesados, Miguel Ángel, sin ningún pudor le expuso sus tarifas. "Si no pagas, todo lo hará el agente judicial, por la vía ordinaria".

Al ex secretario de este juzgado, P. M. L., según fuentes de la Fiscalía de Málaga, un procurador, P. G. M, le ofreció cerca de un millón de pesetas "para que comprara tabaco en Gibraltar" a cambio de que no recusara a una persona de Marbella que, ante la extrañeza de todos, fue designada como comisario de la quiebra de la empresa Forest Hill, S. A.

La presunta manipulación de partidas de droga decomisadas en Estepona es otra de las acusaciones que se vierten en el sumario incoado contra los dos funcionarios. Según fuentes de la Audiencia de Málaga, dos abogados malagueños han confesado al juez que Francisco les comentó que si alguna vez les caía algún asunto relacionado con tráfico de drogas, que pidieran "un análisis cualitativo de su pureza", ya que él era el encargado de llevarla -en su Mercedes- a la delegación de Sanidad de Sevilla. En el trayecto, dijo, "la convertiría en polvo de talco". "Todo ello por 10.000 pesetas", asegura uno de estos letrados que dijo el funcionario.

Las cantidades de dinero que se movían en las cuentas bancarias de los procesados constituyen una prueba más, en opinión del juez, para procesarlos. Las imposiciones bancarias "no se ajustaban", según un informe de la policía, "a sus retribuciones mensuales (150.000 Francisco, y 110.000 Miguel Ángel)". El juez calcula que Francisco, en sólo un año, ingresó ilícitamente más de tres millones. En ambas cuentas aparecen talones firmados por letrados. Ambos acusados han negado los hechos.