Vírgenes de derecho

La reforma de la ley de Propiedad Intelectual sobre el canon por copia privada, pendiente de discusión en el Senado, plantea, para el autor del artículo, un debate que trasciende lo económico. Se trata, en opinión del actor Imanol Arias, de apoyar el desarrollo cultural en España frente a los puros intereses monetarios.

La industria cultural española, como en otros países, ha ido consolidando en paralelo durante los últimos años los tres pilares fundamentales de su estructura: creación, difusión y producción de soportes y equipos. Los tres han desarrollado su propia actividad dentro de un mercado libre, adecuándose a los cambios políticos y haciendo suyos los avances tecnológicos que se han ido alcanzando.En concreto, los creadores españoles hemos intentando superar el inconveniente, siempre amargo, de pertenecer a un país con una riquísima tradición artística, pero un nivel de desarrollo económico y tecnológico limitado. Todo ello da lugar a un mercado cultural en permanente conformación y a la permanente tentación colonizadora para otras culturas económicamente más potentes.

Cultura nacional

Y este intento de superación de tal estado de cosas no podría haber alcanzado además el éxito de algunos momentos sin el apoyo y la apuesta a favor de la creación española por parte del sector de la producción y la difusión, que ha combinado su lógica aspiración de rentabilidad económica con el desarrollo de nuestra cultura nacional. A su vez, el Estado ha avalado con la fórmula de la subvención anticipada, que se devuelve una vez producida y distribuida la obra, la concesión de la financiación necesaria para este empeño.

Mientras, los españoles nos hemos ido acostumbrando a un paisaje económico, con horizonte comunitario, a través de una política evidentemente liberalizadora que alcanzará su máximo reflejo en enero de 1993, con la aplicación del denominado mercado único. Pero esta evolución económica también ha traído consigo la apertura radical de un mercado que nunca fue nacional en sustancia, como es el de la fabricación de soportes y equipos para la producción o difusión cultural. Y ha traído consigo efectos como la apertura y puesta a disposición de la tecnología multinacional por las autoridades españolas de un mercado altamente consumidor de cultura musical y audiovisual, pero especialmente receptivo al consumo de soportes magnéticos.

Esta invasión de una supuesta industria nueva para los españoles se ha producido con un llamativo descontrol en cuanto a precios y estrategias, descaradamente por encima de los que perviven en otros países comunitarios y de nuestra área cultural.

Desde hace muchos años, los ciudadanos pueden así disfrutar de nuevas modalidades de consumo cultural. Se ha dejado de ir al cine, pero se ve más cine que nunca. En casa. Se dejan de vender discos, lo que redunda en los honorarios de los cantantes, autores y beneficiarios de las casas discográficas, pero se escucha más música que nunca. Todo, aportando al mismo tiempo a las industrias un beneficio económico diferencial más propio de los países colonizados, sin que por ello los autores, artistas, intérpretes y productores españoles perciban ni tan sólo el reconocimiento del derecho de la remuneración por un mayor consumo de creación intelectual.

Tan sencillo como si, por arte de la tecnología, que de eso se trata, pudiéramos sorber desde nuestro domicilio la nata de una pastelería sin acudir a ella ni pagar por la nata. Dejará de fabricarse. O nos llevaremos la fábrica fuera.

La aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en 1987 pretendía ser el primer acto en la regulación de este estado de cosas, permitiendo a aquellos tres subsectores de la industria de la cultura (creación, difusión y producción de soportes) un desarrollo más justo.

Hecha la ley, las históricas reticencias de la industria de los fabricantes de equipos de reproducción se plasmaron en el abandono de la comisión que había de aprobar una remuneración ya consensuada tras dos años de conversaciones, y que supuso por parte de los creadores productores españoles una sensible disminución de sus aspiraciones iniciales.

Nuevamente ahora, por la ventana abierta por el partido socialista para la discusión de la modificación de aquella Ley de Propiedad Intelectual, se pretende afianzar una posición de ventaja, en detrimento de quienes más esfuerzos hemos realizado para defender e impulsar la cultura española y más paciencia hemos demostrado en los últimos años ante la evidente contradicción entre las declaraciones de apoyo y la entrega manifiesta del mercado español.

El anuncio de los fabricantes de posibles cierres y suspensión de pagos no puede por menos que sonrojar a los artistas, autores y productores de la industria audiovisual, que, ya con cifras reales y sin las promesas amenazantes y coyunturales, han visto cómo su nivel de producción ha caído en un 75% en los últimos cuatro años, mientras el nivel de emisión de las películas españolas en las televisiones se ha incrementado fuertemente. En el fondo de su discurso prevalece el viejo concepto de "al artista o creador, la gloria después de muerto", y no la remuneración justa por su obra.

Para ello, hasta los consumidores están siendo manipulados en las últimas semanas, no para ponerles en contra del derecho de propiedad intelectual -lo que sería un contrasentido-, sino para anunciarles ya un incremento de precios, de nuevo a costa de nuestro propio derecho.

El proyecto de ley, en este sentido, es muy claro. El canon lo deben pagar fabricantes y distribuidores de cintas y aparatos.

La discusión de la ley que modifica la de propiedad intelectual, aprobada ya por el Congreso de los Diputados y pendiente de discusión en el Senado, no es, por tanto, un debate económico, ni acaba en sí misma. Es parte de un debate más profundo sobre dos opciones: apoyar o no el desarrollo de la cultura de nuestro país y el derecho de la creación frente a puros intereses económicos y al margen de cualquier otro interés político transitorio.