Este suelo es mío

L. ROMERO. Los ayuntamientos afectados por el nuevo plan de cárceles no parece que quieran llevar su solidaridad con la administración penitenciaria hasta la renuncia a los fuertes beneficios que se juegan en la recalificación de los terrenos que ocupan las prisiones que van a ser cerradas. Son 50.000 millones de pesetas por cientos de miles de metros cuadrados de suelo que van a liberarse. Las negociaciones sobre los terrenos no sólo son complejas en ciudades donde gobierna el PP, como Madrid, Valencia o Sevilla. También lo son en ayuntamientos socialistas, como Jaén y Málaga.

En Valencia, las cárceles de hombres y de mujeres -ésta última ya inactiva- se hallan dentro de la ciudad, cerca del río Turia. El primer edificio y los jardines que lo rodean tienen una superficie conjunta de 36.000 metros cuadrados. El inmueble de la prisión de mujeres cuenta con 1.500 metros cuadrados. Las negociaciones entre: Justicia y el Ayuntamiento de Valencia -gobernado por el PP y Unión Valenciana se iniciaron hace varios meses. Justicia pidió por el solar algo más de 1.000 millones de pesetas, según una fuente municipal.En Madrid, la negociación va muy lenta y el terreno en juego es mucho: 204.834 metros cuadrados, de los que están construidos 40.736. El Ayuntamiento -gobernado por el PP- quiere englobar la negociación sobre Carabanchel dentro de un plan de descentralización de la Administración que saque los ministerios y otros edificios públicos del centro de la ciudad, y también pretende una participación en los beneficios de la recalificación.

En Sevilla, con un Ayuntamiento gobernado por andalucistas y populares, la pelea es por 40.000 metros cuadrados de suelo urbano situados en una zona de crecimiento de la ciudad.

El caso de Jaén es más significativo: el alcalde quiere que el terreno de la prisión revierta a la ciudad. La vieja cárcel ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Jaén -gobernado por el PSOE- quiere destinar 4.000 metros cuadrados a zona edificada y dedicar el resto a espacio libre. En Málaga, también con un Ayuntamiento socialista, la discusión no es sólo por las compensaciones, sino que afecta a la propiedad del terreno: 13.984 metros cuadrados situados en la ciudad y en una de las barriadas de mayor densidad en España. Justicia quiere a cambio de su cesión 20.000 metros cuadrados fuera de la ciudad. El Ayuntamiento prefiere espetar a que se dictamine de quién es el terreno.

Rebajas

El dinero obtenido mediante la recalificación de estos terrenos es una de las bases económicas con que cuenta Justicia para financiar las nuevas cárceles. Pero si el suelo es del Patrimonio del Estado -en varios casos esto también se discute-, es necesario que los ayuntamientos lo recalifique o lo cambie por otro para que de verdad adquiera valor en el mercado inmobiliario.

Así, los 50.000 millones de beneficios previstos en un principio por la venta de terrenos están sufriendo rebajas que van a superar los 10.000 millones. Dispuestos a sumar, en los cálculos iniciales se incluyó hasta el valor de edificios a derribar. De hecho, en la primera ampliación de capital que hará, la nueva empresa estatal creada para llevar adelante el plan de cárceles, el capital de la primera aportación de bienes inmuebles procedentes de Justicia ha sido valorado en 22.175 millones, según una fuente relacionada con esta empresa. Fuentes de Asuntos Penitenciarios manejan ya unas inversiones para todo el plan de 140.000 millones (10.000 millones más de los inicialmente previstos). Dos cifras de distinto signo que harían obligatorio, para cumplir todo el proyecto, un claro incremento de las cantidades asignadas anualmente por el Gobierno para la construcción y el mantenimiento de cárceles (9.048 millones en 1991); un aumento del endeudamiento, o, lo que parece más probable, una disminución del número de cárceles a construir.