Las numerosas ejecuciones extrajudiciales, reflejo del poder militar en Guatemala

El arzobispado de Guatemala llevaba contabilizadas hasta finales de abril 132 ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 96 lo fueron mediante armas de fuego. La cifra, aunque sea menor en comparación con el mismo periodo del año 1991, no sólo refleja la impunidad que ampara a algunos sectores en el país, sino también revela el nivel de militarización de la sociedad guatemalteca.

Un reciente informe del Departamento de Estado norteamericano, referente a la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 1991, advertía que el Ejército, el más poderoso de Centroamérica, "opera con autonomía institucional y legal significativa", pese a que el país se rige por un sistema constitucionalmente democrático. El Ejército guatemalteco, distribuido en una veintena de zonas militares a lo largo del país, tiene implantado un sistema de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar entrenada contra la insurgencia, con medio millón de personas armadas, que cubre los rincones más remotos del territorio. El informe norteamericano advierte que "los militares, las patrullas civiles y la policía continúan cometiendo la mayoría de los abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones de ciudadanos, entreellos niños". Y pone de manifiesto que el móvil de estos abusos es la creencia, sea real o basada en información falsa, de que las víctimas apoyaban a la guerrilla que desde hace 30 años se enfrenta a los sucesivos Gobiernos.

Exigencia de la guerrilla

Una de las exigencias que la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG), el principal movimiento de guerrilla, le plantea insistentemente al Gobierno del evangelista Jorge Serrano Elías en las negociaciones que se desarrollan en México en busca de la paz es precisamente la disolución de los paramilitares. Pero el Ejército, encargado de la seguridad del país, y que ha conseguido cautivar a un presidente que comenzó su mandato con una vocación eminentemente civilista, se niega rotundamente. Los 500.000 paramilitares tienen funciones de vigilancia y control armado en aquellas zonas donde el Ejército, propietario de uno de los mayores bancos del país, de un canal de televisión y del hospital más moderno de Centroamérica, no penetra.

Una fuente diplomática occidental afirmaba a este periódico que, si bien hubo un avance en los primeros meses del mandato de Serrano en la reducción del poder del Ejército en el sistema, ahora se está produciendo el efecto contrario. El presidente, que ya ha fracasado al no cumplir su promesa de pacificar el país al año de llegar al poder, ha encontrado en el Ejército, hoy presente en todos los rincones del edificio presidencial, una institución aparentemente con espíritu de colaboración, y que recibe de manera disciplinada cualquiera de las decisiones que emanan del poder civil.

Esto, según la oposición, es un arma de doble filo. Un líder de la izquierda que prefiere mantenerse en el anonimato indica: "Serrano cree que controla al Ejército, pero lo que ocurre es que los militares han empezado a controlar al presidente. Un jefe de zona manda más que un gobernador, y en los actos presidenciales es siempre el militar quien ocupa el lado derecho del jefe del Estado".

Ronaldo Iván Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala, afirma que en su país la represión sólo cambió de forma. "De una violencia generalizada se ha pasado a otra de tipo selectivo, dirigida, por ejemplo, contra la Universidad de San Carlos, que en lo que va de año ha sufrido el asesinato de dos catedráticos y dos estudiantes".