El 43% de los españoles se muestra favorable a la huelga general del próximo día 28

El 43% de los ciudadanos españoles acoge favorablemente la idea de la huelga general convocada por los sindicatos para el 28 de mayo, mientras el 27% se muestra claramente contrario, y el 30% restante permanece indiferente, según un sondeo realizado por Demoscopia para EL PAÍS. El miedo a los piquetes, el acuerdo con los planteamientos sindicales y el descontento con el Gobierno son, casi a partes iguales, los principales motivos movilizadores para los huelguistas.

El sondeo refleja una conciencia generalizada de que hay corrupción en el subsidio de paro. Además hay una opinión mayoritaria favorable a los contenidos fundamentales del decreto sobre desempleo, una de las razones que han dado pie a la convocatoria de huelga. Un 48% de los encuestados piensa que la huelga tendrá éxito, en el sentido de ser mayoritariamente seguida por parte de los ciudadanos, pero uno de cada tres cree que tendrá poco éxito, y el resto no emite una opinión sobre este punto.

La acogida favorable de la huelga es particularmente frecuente entre los votantes de Izquierda Unida (un 76%), y en menor medida, aunque por encima de la media, entre los parados (un 55%). Curiosamente es en Madrid y Barcelona -los dos grandes centros industriales del país- donde menos ha calado la convocatoria de las organizaciones sindicales, puesto que sólo el 36% de los encuestados la acoge de manera favorable.

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, afirmó ayer en Cataluña que habrá diálogo social después del 28 de mayo, pero advirtió que no significará "la reconsideración de los objetivos del plan de convergencia o de las decisiones tomadas". En opinión de Solchaga, "no es en la calle donde se resuelven los problemas".Mientras tanto, los sindicatos anunciaron ayer un nuevo calendario de servicios mínimos, que en el caso del transporte urbano contempla cierta actividad de autobuses y metro entre las seis y las ocho de la mafiana del 28-M.

Por su parte, la Conferencia Episcopal ha acusado al Gobierno, al término de su última reunión plenaria, de aprobar leyes que penalizan "a los sectores más deprimidos de nuestra sociedad". Los obispos piden que se evite la violencia en el paro general del jueves y que se aseguren los servicios mínimos imprescindibles.

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