El Gobierno y las organizaciones agrarias firman un acuerdo dirigido a facilitar la modernización del campo
El ministro de Agricultura, Pedro Solbes, y los responsables de las organizaciones agrarias Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), suscribieron ayer un acuerdo marco para negociar la modernización del sector agrario. Para Pedro Solbes, el objetivo es lograr una agricultura que esté en mejores condiciones de competir en el horizonte de 1997.
Según los dirigentes agrarios, se trata principalmente de un compromiso para llegar a acuerdos concretos. Ambas partes se han dado de plazo hasta el 15 de julio para ver si efectivamente se avanza en la negociación planteada. El acuerdo marco firmado entre la Administración y los tres sindicatos agrarios constituye un resumen del plan de modernización propuesto por el ministro de Agricultura el pasado 22 de abril tras las movilizaciones agrarias, pero incluye también otras medidas que afectan a cuestiones puntuales. En aquel momento,los sindicatos agrarios señalaron que se trataba de una oferta excesivamente global y abstracta que era preciso cuantificar. La opinión de Agricultura, finalmente impuesta, es que la cuantificación de necesidades presupuestarias se debe hacer una vez se hayan debatido las propuestas.
El documento de compromiso negociador consta de dos partes. Una primera está referida a medidas urgentes como cambios de la fiscalidad agraria desarrollando un nuevo sistema del IRPF, revisión del Régimen Agrario de la Seguridad Social, créditos de campaña, acciones para la retirada del vacuno sacrificado por el abandono de la producción, mejora de las indemnizaciones compensatorias de montaña, estudio sobre la posibilidad de mejorar el endeudamiento de los agricultores y ayudas para la sequía. Casualmente, todos los sindicatos han criticado en el mismo acto de la firma del acuerdo las medidas aprobadas contra la sequía en el último Consejo de Ministros por considerarlas insuficientes frente a las reivi ndi acciones planteadas por el sector.
Para la modernización de la agricultura, el acuerdo contempla la constitución en el plazo de un mes de tres mesas para estudiar la cuestiones relativas a la reforma de estructuras, relaciones contractuales y política de calidad, y la última sobre medios de producción.
En materia de estructuras, seprevé la definición de qué es la explotación prioritaria, la actualización de la Ley de la Explotación Familiar, revisión de la Ley de Arrendamientos Rústicos, adaptación de la normativa sobre el cese anticipado de actividad y programas de mejoras técnicas y sanitarias.
Para incrementar el valor añadido de las explotaciones se plantea la reducción de costes de inputs, fomento del asociacionismo, normalización de producciones, desarrollo de la Ley de Contratos Agrarios y una norma sobre interprofesionales. Finalmente se prevé el desarrollo del mundo rural en armonía con la protección del medio ambiente.
Para el coordinador general de COAG, José Luis González, este acuerdo no debe ser papel mojado y hasta el día 15 se conocerá la voluntad de la Administración. Si el proceso no funciona, la COAG abandonaría el acuerdo.
Según Fernando Moraleda, secretario general de UPA, la firma supone una voluntad de diálogo, "pero es fundamental que se produzca una revisión presupuestaria para acometer sobre todo la jubilación anticipada". Para el presidente de ASAJA, Pedro Barato, "se trata de un compromiso de cuestiones a tratar y habrá que esperar a ver cómo culmina cada medida".
El acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, entre otros aspectos, prevé la elaboración de un marco institucional para regular las relaciones de las organizaciones agrarias con la Administración. Apenas recién llegado Pedro Solbes a Agricultura, rechazó esta petición de los sindicatos por estimar que previamente se debería clarificar la representatividad con un proceso electoral.
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