Aprobadas ayudas a los agricultores y ganaderos perjudicados por la sequía
El Consejo de Ministros materializó ayer, tras varios meses de demora, las medidas para abordar las consecuencias de la sequía, agrupadas en dos decretos. Uno se dirige al arbitrio de ayudas para agricultores y ganaderos damnificados, y el otro se refiere a la gestión de los recursos hidráulicos. Las confederaciones hidrográficas tendrán capacidad para modificar los derechos adquiridos sobre el uso del agua y a la cuenca del Segura se le garantiza un caudal mínimo de trasvase desde el Tajo.
Los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones han sufrido pérdidas a consecuencia de la sequía gozarán de moratoria durante un año en el pago de las cuotas y recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de las cuotas sobre jornadas teóricas de la Seguridad Social Agraria, según recoge el decreto ley aprobado ayer por el Gobierno.Esta disposición será efectiva para las explotaciones regables que hayan sufrido una merma del 50% en sus caudales; los secanos cuyas pérdidas superen el 50% de la producción normal, y las explotaciones ganaderas de bovino, ovino y caprino perjudicadas en más de la mitad de los pastos.
La moratoria se traducirá en exenciones para el pago de las cuotas en el caso de que la reducción en los riegos haya sido superior al 70% y los daños padecidos por la sequía superen el 90% de la producción normal. Los créditos para la compra de piensos, gestionados a través del Ministerio de Agricultura, recibirán una bonificación de cinco puntos, que será compatible con otras ayudas.
Las agriculturas de secano podrán acogerse a subvenciones aunque no cumplan los requisitos de las compañías aseguradoras, y los que dispongan de explotaciones de regadío tendrán moratoria en el pago de la tarifa de agua cuando reciban una aportación inferior a la mitad de lo habitual.
El decreto que modifica la gestión del agua faculta a las Confederaciones Hidrográficas a reducir los suministros de agua y su distribución al margen de derechos adquiridos. Garantiza por dos años el trasvase de mínimos del Tajo al Segura (10 hectómetros cúbicos), con lo que se alcanzará el 90% e los recursos disponibles en 991 y créditos de 6.000 millones para mejoras de abastecimientos en Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante.
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