La Directiva de Defensa Nacional obliga a hacer otra Ley de Movilización

La nueva Directiva de Defensa Nacional, presentada el pasado martes en el Congreso por el ministro de Defensa, Julián García Vargas, obliga a aprobar una nueva Ley de Movilización Nacional, según altos mandos militares consultados por EL PAÍS. Dichos mandos consideran "urgente" la elaboración de una nueva ley, en sustitución de la vigente, que data de 1969, en pleno franquismo, y cuya constitucionalidad es más que dudosa.

El Ministerio de Defensa no ha dado hasta ahora prioridad al proyecto, ya que considera vigente la ley de 1969 y pospone su refor ma "hasta la próxima legislatura" según fuentes de dicho departamento. El carácter franquista de la ley, de Movilización queda sufidentemente explícito en el hecho de que atribuyan competencias al "Ministerio y Secretaría General del Movimiento". Esta ley permite al Gobierno movilizar, mediante decreto, a cualquier ciudadano español, así como a las personas jurídicas y bienes propiedad de españoles con una alusión específica a los medios de información, "para su empleo en las necesidades de la defensa nacional o cuando situaciones excepcionales lo exijan".

Según dicha ley, los españoles podrán ser movilizados, para in tegrarse en las Fuerzas Armadas o militarizados en las empresas u organismos en que presten servicio. El personal militarizado recibirá una categoría militar, no podrá hacer huelga y estará sujeto al Código Penal Militar.

La ley de Defensa Nacional, de 1980, obligaba al Gobierno a presentar en tres meses el calendario de remisión a las Cortes de los proyectos derivados de la misma, incluida la nueva ley de Movilización. Pasados 12 años, aún no hay ley, por lo que en teoría sigue vigente la de Franco.

Su reforma, según los mandos militares, se ha vuelto inaplazable, ya que la nueva Directiva de Defensa Nacional otorga trascendental importancia a la creación de una "reserva movilizable, organizada y equipada desde tiempos de paz, que deberá permitir, mediante un sistema de movilización flexible y ágil, pasar gradualmente de la fuerza permanente a la prevista" en caso de conflicto prolongado.

La creación de la reserva, hasta ahora sólo nominal, es consecuencia de la reducción de los militares permanentes a sólo 180.000 y de la constitución de "unidades en cuadro", con una dotación mínima en tiempo de paz, cuyas plantillas deberían completarse con reservistas.

La nueva ley del Servicio Militar reduce de 15 a tres años, tras la conclusión de la mili, el periodo de reserva, y faculta al Gobierno para ordenar la reincorporación de reservistas. Igualmente, prevé que la reintegración de personal ajeno a la reserva se haga mediante una norma con rango de ley, lo que reforma implícitamente la ley de 1969.

La nueva ley de Movilización también viene obligada por el acuerdo con la OTAN sobre utilización de España como zona de retaguardia, a punto de firmarse. Dicho acuerdo exige contar con un instrumento legal que garantice el funcl onamiento de los transportes y comunicaciones, entre otros sectores estratégicos, ante una crisis o conflicto.