Tendidos contra las aves

Alrededor de un millar de aves, unas 360 rapaces y 24 de ellas águilas imperiales, han muerto desde 1985 tras impactar contra los tendidos eléctricos asentados en la Comunidad de Madrid. Estas cifras, calificadas como alarmantes por los grupos ecologistas, han sido elaboradas a partir de visitas periódicas realizadas durante este tiempo por naturalistas voluntarios a 21 tendidos en 11 municipios de la región.

El escrutinio de las líneas visitadas ofrece el balance de 974 aves muertas por este motivo, pero los ecologistas, agrupados en torno a la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), entienden que son muchas más. El informe de tecta casos de líneas eléctricas en las que fallecen al año hasta 27 aves rapaces por kilómetro.Los ecologistas indican dos amenazas para las aves en las líneas eléctricas: la colisión y la electrocución. Las rapaces suelen posarse en los postes eléctricos por ser lugares elevados, así que son las más afectadas por las electrocuciones. Y entre ellas, los ejemplares más jóvenes, lo que representa un riesgo mayor para su regeneración.

Los ecologistas han comprobado que en varios casos los animales muertos que aparecen sin vida bajo los tendidos han sido envenenados previamente, supuestamente por los dueños de cotos de caza.

La mayoría de las 508 gaviotas reidoras contabilizadas murieron en 1986 en Rivas-Vaciamadrid víctimas de un choque con una línea de 220 kilovatios propiedad de Unión Fenosa. Esta compañía suscribió a finales de 1991 un convenio con la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y con la Sociedad Española de Omitología (SEO) para vigilar el daño de sus tendidos sobre las aves, especialmente las cigüeñas.

El efecto más grave de los cables eléctricos sin control se aprecia sobre las águilas imperiales (24 muertas). Esta especie está en peligro de extinción y, según las últimas investigaciones, sólo se pueden llegar a contar 126 parejas en el mundo, todas en España, y el 17% en Madrid.

Los naturalistas acusan a la, Comunidad de Madrid de inoperancia. Miguel Ángel Ortega, miembro de Aedenat y la CODA y portavoz del grupo que ha efectuado el informe, entiende que la Agencia de Medio Ambiente no ha hecho nada desde 1988, cuando las asociaciones ecologistas reclamaron la adopción de las primeras medidas y la AMA se comprometió a redactar una normativa, que todavía no está elaborada.