El Estado ha indemnizado con más de 37.000 millones a ex presos políticos
Más de 100.000 víctimas de la dictadura franquista han solicitado ser indemnizados por haber estado presos durante tres años o más por "actos de intencionalidad política", antes de la amnistía de 1977. El Estado ha pagado ya 37.697 millones de pesetas a los 35.180 ciudadanos cuyos expedientes han sido resueltos favorablemente. La situación ha desbordado todas las previsiones del Gobierno, que en 1990 estimó entre 12.000 y 15.000 los posibles beneficiarios. Entre los ya indenmizados están Ramón Rubial, presidente del PSOE, el sindicalista Marcelino Camacho y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 establece en su disposición adicional que "quienes hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años... tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización".Ésta quedó fijada en un millón de pesetas para tres años de prisión y otras 200.000 por cada periodo adicional de tres años completos. El peticionario debía tener 65 años el 31 de diciembre de 1990. El Ministerio de Hacienda es quien paga pero antes el ex preso político ha debido pasar una larga espera hasta demostrar que estuvo encarcelado y el plazo. Tarea nada fácil por los años transcurridos y la dispersión de los documentos.
17 funcionarios de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios han resultado una pieza clave. Se encargan de recopilar pruebas, recabando de todas las prisiones los documentos precisos. La cárcel de Carabanchel ha expedido hasta ahora más de 15.000 certificados; la de Valencia, casi 10.000; la de Burgos, 8.500, y la de Barcelona, unos 7.000. El Ministerio de Defensa ha tramitado unos 51.000 certificados de encarcelamiento. Y el de Cultura, encargado del Archivo General de la Administración, ha hecho lo mismo en 55.000 casos.
El servicio de atención al ciudadano de la Secretaría General, que hace de puente entre los organismos implicados, ha finalizado 56.687 expedientes y tiene en tramitación 45.458, según su responsable, José Ignacio Hernández. El servicio ocupa un edificio de Madrid donde hace años se descubrió un escondite con documentos de Rumasa.
26.233 de los indemnizados hasta ahora han percibido un millón de pesetas por tres años en prision. Pero otros siete ciudadanos han cobrado 2.400.000 pesetas, lo que supone que cada uno pasó en las cárceles un mínimo de 24 años. José Ignacio Hernández estima que más del 90% de los que tienen derecho a indemnización son presos de la guerra civil y el resto represaliados con posterioridad. "Bastantes fueron condenados por masonería y otros por auxilio a bandoleros, que era como se denominaba a los maquis" señala.
Anónimos y céleberes
También hay casos de víctimas de denuncias falsas. "Recuerdo a un señor que estuvo preso acusado de haber asaltado una iglesia y asesinado al cura. El sacerdote apareció luego vivo" relata Hernández. Entre los más de 100.000 solicitantes hay 43.600 viudos o viudas de quienes estuvieron encarcelados. Pero el ex militar republicano Rafael Vicente Lago, por ejemplo, no ha perdido, a sus 98 años, la esperanza de poder demostrar los cinco que vivió preso por "auxilio a la rebelión".
Otros indemnizados son menos desconocidos. En la relación figuran Ramón Rubial, presidente del PSOE; el viejo militante comunista Simón Sánchez Montero, que ha cobrado 1.400.000 pesetas por 11 años de cárcel; Marcelino Camacho, fundador de CC 00, condenado a 20 años en el famoso Proceso 1.001, y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, autor de Historia de una escalera, que ha percibido 1.200.000 pesetas por seis años y medio de prisión, de los que ocho meses estuvo en capilla en espera de ser ejecutado.
Desempolvar el pasado
"Hay una buena base de documentación, pese a lo convulso de la época", asegura un funcionario de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios. Y eso que España se llenó en la dictadura de "cárceles habilitadas" en conventos, castillos, ayuntamientos y caserones, en ocasiones sin archivo. Incluso en. barcos como el Upo Mendi, fondeado en la ría de Bilbao.Afortunadamente para las víctimas, la mayoría de los fondos documentales pasaron a las prisiones provinciales. "Hay fondos documentales muy buenos en las cárceles de Burgos, León y Albacete, por ejemplo, pero las que están cerca del mar conservan los documentos en muy mal estado por la humedad", dicen en Asuntos Penitenciarios. En algún archivo es necesario entrar provisto de mascarilla para buscar un papel.
En muchos casos, los propios interesados hacen alarde de una memoria increíblemente lúcida y proporcionan las pistas o guardan un papel, una foto amarillenta, una cartilla con la firma de los compañeros de cautividad, un certificado de libertad condicional... que sirve para empezar. Quienes tratan a diario con los veteranos ex presos políticos comentan que muchos no ansían tanto el dinero como poder demostrar que fueron víctimas de una condena injusta.
