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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Contra la nicotina

ANTE LA inminencia de un decreto por el que se restringirá en mayor medida el uso del tabaco en los lugares públicos, y en primer lugar a bordo de los aviones que cubren las líneas nacionales -a excepción de Canarias-, los fumadores se preparan para aceptar la derrota con cierta dignidad.Nadie discute los daños que el consumo del tabaco produce en los individuos y en la sociedad -y menos que nadie los propios fumadores, que conocen perfectamente la sensación de envenenamiento progresivo que les produce su adicción-.

El Colegio de Economistas de Madrid cuantificó, en 1991, el coste social de dicho hábito en tomo a los 265.000 millones de pesetas anuales, englobando numerosos factores, desde los costes sanitarios, productivos y el absentismo, a los gastos farmacéuticos y las muertes prematuras. Ahora, el Gobierno prepara un decreto que modificará el actualmente en vigor de 1988, reduciendo más el disfrute público de esta costumbre malsana.

De un tiempo a esta parte la relación entre los furnadores y los no fumadores ha visto trastocar el orden y la prioridad. Si hasta no hace mucho los fumadores solían imponer su inflexibilidad en el uso y disfrute de su particular vicio, ahora comienzan a aceptar el papel de marginados. La nueva ola que invade desde hace tiempo el mundo occidental en contra del tabaco ha conseguido potenciar el derecho del no fumador a no aceptar, ni siquiera, el papel de fumador pasivo que hasta ahora había asumido y que tiene igualmente costes para su salud, con la agravante de que se trata de costes involuntarios.

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Una de las contradicciones evidentes entre los Gobiemos y las costumbres sociales es que éstas son muy rentables fiscalmente. Las ansias por velar por la salud pública y personal encuentra en las sustanciosas retribuciones impositivas su más sólido obstáculo. Ello puede explicar las demoras legislativas o las dificultades de encajar la normativa nacional en el contexto comunitario. En cualquier caso, la tendencia es a considerar al fumador como drogadicto -lo que no deja de ser cierto-.

Es obvio que en determinados locales públicos -hospitales, escuelas, etcétera- el uso y consumo del tabaco es absolutamente injustificado, pero también lo es que dicho vicio no es el único ni, probablemente, el más dañino, social e individualmente considerado. Ahí están el alcohol y la carretera como plagas de superior gravedad. De lo que se trata es de conseguir una relación civilizada entre quienes reivindican el derecho a no compartir los vicios ajenos y quienes optan por la pequeña satisfacción cotidiana -por autodestructiva que pueda llegar a ser-

Bienvenida sea una nueva y más rigurosa normativa que separe radicalmente a los fumadores de los no fumadores. Se puede morir por la patria, por llegar antes a alguna parte, por beber en exceso, pero también porque se encuentra placer en la nicotina, por estúpido que parezca. No se trata de criminalizar al fumador, sino de impedir, por ley, que éste haga fumar al prójimo.

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