Convergencia, huelgas y desempleo

La presentación por parte del Gobierno en las últimas semanas de tres documentos importantes (programa de convergencia, proyecto de'ley de regulación de huelga y el decreto que reforma la percepción del subsidio de desempleo) ha ocasionado, junto a airadas reacciones sindicales que amenazan de forma creciente con huelgas y paros de primavera y otoño, un cierto silencio de la sociedad civil, cuando todo ello va a resultar de gran importancia para los ciudadanos en cuanto a perceptores de rentas salariales o pensiones, contribuyentes, usuarios y consumidores.Ante el rechazo frontal, sin matizaciones, de todo lo presentado por el Gobierno en estos temas, parece conveniente intentar acortarlos y an4zarlos con criterios no partidistas.

El documento enviado por el Gobierno al Parlamento el 3 de abril recoge el programa económico que se propone seguir hasta 1996 para cumplir los compromisos adquiridos en Maastricht.

El objetivo del programa es doble: situar a nuestra economía en una senda de equilibrio estable y,crecer más que el resto para reducir el diferencial que nos separa (converger). Objetivos a perseguir con Maastricht o sin Maastricht, ya que sin crecimiento sostenido y equilibrado no se consigue el progreso social. Sin crecimiento de la economía no se genera empleo, y la inflación erosiona siempre a las capas menos favorecidas (rentas más bajas, pensionistas y desempleados).

Las discrepancias, pues, tienen que estar no en los objetivos, sino en las medidas a aplicar para conseguir frenar la inflación- contener el gasto público e impulsar la actividad productiva y competitiva.

. Faltan, a mi juicio, en el programa las reformas estructurales de la economía española que posibiliten alcanzar esos objetivos.

Son las reformas propuestas en el mercado de trabajo las que han despertado las iras iniciales, pero poco se avanza en la flexibilidad del mercado de trabajo, salvo una mención genérica a la movilidad funcional, y la reforma de la formación profesional, medida indispensable pero de efectos sólo a medio y largo plazo. La supresión de la autorización administrativa previa a la extinción de las relaciones laborales y la reducción de los costes del despido siguen sin abordarse.

Faltan también en el programa compromisos expresos y vinc-ulantes para la reforma del sector público que posibiliten alcanzar los objetivos de reducción del déficit. Y faltan también medidas fiscales para incentivar la inversión, como han denunciado los empresarios a través de la CEOE. Mimar la inversión, en tiempos de atonía, debería ser un prioridad del programa.

Pero quizá lo que está faltando es sobre todo credibilidad y divulgación del menú que se le ofrece a la sociedad española, a la que sólo llegan los mensajes catastrofistas, cuando debería de explicársele lo que nos jugamos todos en el éxito o en el fracaso del plan. Sería deseable que no* fuese monopolizado por el Gobierno y el partido que lo sustenta, sino respaldado en su formulación final resultante por la mayoría de las fuerzas sociales y económicas para convertirse en un compromiso nacional compartido.

El Real Decreto-Ley 1/92

Hace años que se viene denunciando la sangría que supone el sistema de protección del desempleo que tenemos en España. Nada se avanzó en las discusiones del plan de competitividad ni en las mesas tripartitas abiertas después. La "reforma del Inem" era siempre tabú para los sindicatos, que veían en el sistema. una conquista alcanzada y, por tanto, intocable.

Mientras, los españoles pagábamos 100.000 millones de pesetas al año por el déficit de un sistema que gastaba más de 1,5 billones y, tras doblarse en dos años, puede costar este año i 1.000 millones diarios!

Ante esta realidad, el Gobierno decidió frenar la hemorragia y empezar a limitar el fraude y el abuso, buscando incentívar el empleo y no la permanencia en el paro.

La forma deldecreto-ley no es ciertamente la más aconsejable para promover el diálogo con los sindicatos, pero también es cierto que la alternativa que éstos ofrecen es la movilización, los paros y la huelga general.

El decreto, que ignora el sistema de cobertura agrario, urgentemente necesitado de reforma, será discutido como ley en el Parlamento, y es ahí donde los diputados deberán mejorarlo, introduciendo las modificaciones que aumenten su racionalidad.

Sobre este proyecto se ha pronunciado ya el Círculo en su documento An-te la regulación de la huelga, de 5 de marzo. Se destacaba ahí cómo en los últimos años, en España, la huelga ha perdido su condición de "último recurso" para convertirse en "primer recurso" de presión (1.552 huelgas en 1991).

La utilización abusiva del derecho a la huelga, colisionando de forma clara con otros derechos fundamentales de la persona, como el derecho al trabajo o a la libre circulación, ha ido originando una, creciente demanda social de cumplimiento del compromiso constitucional de regular la huelga.

La nueva normativa debe elaborarse en diálogo con los sindicatos que, por cierto, aquí sí han presentado una alternativa, y las asociaciones empresariales, pero sin olvidar que son los poderes públicos los obligados a promover y establecer esa regulación.

Pero el tema de la huelga no es una cuestión meramente parlamentaria, sino que concierne a todos los poderes públicos. Legislar, pero sobre todo hacer cumplir las leyes y amparar las justas demandas constituyen los tres pilares de todo Estado de derecho.

¿Qué hay que hacer?

Los años que tiene España por delante pueden ser críticos para culminar con éxito nuestra incorporacion a Europa. Converger con las economías de los otros países no va a ser fácil para nadie, y entrañará cortes que no deben subestimarse. Pero quedarnos al margen o en el furgón de cola no parece una alternativa digna de ser considerada.

Por ello hay que empezar a hacer los deberes lo antes posíble. El último año transcurrido, con un fallido pacto de competitividad y unos presupuestos poco rigurosos, nos ha alejado de la senda deseable.

El Gobierno tiene ahora una dificil tarea: la de convencer a una sociedad que, por muchos motivos, ha perdido su fe y su confianza en los políticos.

Es por ello por lo que resulta esencial alcanzar en este caso una alta tasa de credibilidad, decisiva para el éxito de la aventura. Para lograrlo, la voluntad de exponer los planteamientos a la sociedad y recabar su adhesión resultarán tan importantes como la firmeza de las convicciones.