Abogados de afectados por la colza piden un "gesto de solidaridad" del Estado

Los abogados Antonio García Pablos e Ignacio Uriarte, representantes de más de 7.000 afectados por el síndrome tóxico, pidieron ayer que el Estado tenga un "gesto de solidaridad" con los afectados por el síndrome tóxico y haga frente al pago de indemnizaciones establecidas en la sentencia sin esperar a una eventual condena de antiguos altos cargos de UCD en otro sumario.Según Uriarte, debería ser "motivo de orgullo" para el Estado responder en términos de solidaridad. El letrado sugirió que el Estado asigne en sus presupuestos una partida durante varios años para hacer frente al pago de las indemnizaciones a los afectados, que ascienden a unos 400.000 millones de pesetas, según sus cálculos. Por el momento, de las indemnizaciones sólo responden los aceiteros con su patrimonio, que es insuficiente.

El industrial Jorge Pich Garriga ingresó en la tarde de ayer en prisión por orden del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, después que el Tribunal Supremo le aumentara la pena de 10 a 12 años.

Las autoridades de Cantabria consideran que ha llegado el momento de sacar del puerto de Raos las 4.000 toneladas de aceite de colza que permanecen almacenadas desde hace cinco años en los tanques de la factoría Terminales Químicos de Santander, SA, informa Jesús Delgado.