Un programa necesario y digno del apoyo de todos

En los años transcurridos desde nuestra integración en la Comunidad Europea, a pesar del rápido crecimiento de la economía española, no han faltado repetidas críticas, por parte de distintos agentes económicos e interlocutores sociales, a la política económica del Gobierno. Buena parte de dichas críticas estaban, y están aún, plenamente justificadas.La primera crítica se ha centrado en que el crecimiento ha sido rápido, pero desequilibrado. Es verdad que se ha crecido más rápidamente que la media de los países miembros de la Comunidad Europea, lo que ha permitido mejorar nuestra convergencia real, pasando la renta per cápita española del 73% al 79% de la media comunitaria. Pero dicho crecimiento se ha hecho a costa de aumentar, o no reducir, nuestros desequilibrios estructurales básicos, es decir, de no mejorar suficientemente nuestra convergencia nominal.

Críticas

Por un lado, el déficit estructural del sector público (descontados los efectos cíclicos de la actividad económica) y el volumen de deuda pública han aumentado ligeramente en relación al producto interior bruto (PIB). Por otro, la inflación subyacente (deducidas las variaciones de los precios de la energía y los alimentos no elaborados) se ha reducido mínimamente y el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente se ha duplicado en términos del PIB. Únicamente el nivel de paro se ha reducido en casi cinco puntos, lo que ha permitido dicha mejora en la convergencia real.La segunda crítica se ha referido a la utilización excesiva de la política monetaria para intentar contener el crecimiento de la demanda interna y reducir la inflación, mientras que la política fiscal se ha mantenido neutra o expansiva. Esta mezcla de políticas ha elevado en exceso los tipos de interés, haciendo que la inversión privada creciera menos de lo que hubiera podido crecer, elevando los costes financieros de las empresas, y también del Estado, y restando competitividad a nuestra economía.

En tercer lugar, se ha venido criticando insistentemente el mal funcionamiento del mercado de trabajo, tanto por el excesivo crecimiento de los costes laborales, que lo han hecho repetidamente por encima de la inflación más la productividad, lo que también ha reducido competitividad de las empresas, como por la falta de flexibilidad y de cualificación de la oferta laboral, lo que ha creado unos fuertes desajustes entre la oferta y la demanda de empleo en algunos sectores que ha contribuido a que la reducción del paro haya sido mucho menor de lo que habría tenido que ser.

Por último, se ha criticado el excesivo crecimiento del sector público, tanto en su vertiente de ingresos, por el considerable aumento de la presión tributaria, como en la de gastos, especialmente por el aumento de los gastos corrientes en desempleo, en seguridad social y en gestión burocrática de las distintas Administraciones públicas. Se ha insistido una y otra vez en que no es necesario "más Estado", sino "mejor Estado", y que el sector privado puede realizar con mayor eficacia muchas de las actividades que la Administración, sus organismos y empresas públicas vienen realizando.

En definitiva, se ha crecido con un excesivo peso de la demanda del sector público y con una pérdida creciente de competitividad del sector privado.

Pues bien, el Gobierno parece haber asumido dichas críticas y ha aprobado un programa de convergencia que pretende no sólo cumplir con los requisitos impuestos por nuestra plena integración en Europa, sino conseguir un crecimiento mucho más estable y mejorar nuestra competitividad.

El programa de convergencia intenta, por tanto, sentar las bases para que la convergencia real de nuestra renta per cápita no se consiga en menoscabo de la convergencia nominal con el resto de Europa, es decir, que el crecimiento sea más equilibrado y también más realista.

El Gobierno ya se había dado cuenta hace tiempo de que este país no puede crecer exclusivamente sobre la base de una expansión interna rápida, ya que al final este proceso suele terminar, como antaño, en un duro plan de estabilización, y de que no es posible una convergencia real a largo plazo sin una convergencia nominal previa o en paralelo, y por ello intentó, hace ya un año, consensuar un pacto social de progreso que pretendía, de hecho, lo mismo que ahora, pero adelantándose a los requisitos mínimos acordados después en Maastricht.

Pero como desgraciadamente ocurre siempre en nuestra reciente historia económica, la disciplina nos tiene que venir impuesta desde fuera para que la aceptemos finalmente, síntoma claro de la falta de maduración democrática de nuestra sociedad civil.

Respuestas

Las medidas propuestas en el programa de convergencia son, sin duda, una respuesta deseable y adecuada a las críticas empresariales que se han enumerado más arriba.En primer lugar, la política fiscal toma, por fin, el relevo de la política monetaria, ya que se propone una fuerte reducción del déficit público y de la deuda pública en términos de PIB, sin por ello aumentar la presión fiscal individual con nuevas modificaciones de la legislación tributaria, lo que es una fuerte reivindicación ciudadana. La reducción del déficit público facilitará la bajada de los tipos de interés y de los costes financieros de las empresas y de las familias.

Por otro lado, la reducción se va a centrar en los gastos corrientes, lo que va a permitir reducir la inflación, especialmente en el sector de los servicios, que es el más inflacionista, sin por ello sacrificar la inversión pública en infraestructuras, en educación y en formación profesional, que son fundamentales para mejorar nuestra competitividad productiva a largo plazo.

En segundo lugar, se introducen medidas estructurales para mejorar la flexibilidad en el mercado de trabajo, eliminando muchas de las barreras existente a la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra, mejorando los sistemas de formación profesional tanto reglada como ocupacional, e introduciendo incentivos económicos para que los parados busquen más activamente empleo, tanto elevando el periodo mínimo de contratación que da derecho a la prestación por desempleo como modificando la relación entre periodo de cotización y duración de la prestación, y vinculando la percepción de dichas prestaciones al desempeño de tareas sociales o al acceso activo a la formación profesional.

En este punto no conviene olvidar que cuanto más se facilite a los parados su acceso a puestos de trabajo mayor será nuestra convergencia real, ya que es la forma de que aumente más rápidamente nuestra renta per cápita. Es decir, la mejor manera de conseguir la convergencia real no es aumentando en exceso los salarios de las personas ya empleadas, sino consiguiendo puestos de trabajo para los parados, y esto se consigue no sólo con crecimiento real, sino también con flexibilidad.

Por último, el programa intenta reducir el peso del sector público en la economía, reduciendo el número de organismos públicos, congelando la transferencia de recursos financieros a las empresas públicas e introduciendo sistemas de gestión más eficaces en el Instituto Nacional de Empleo (Inem), la Seguridad Social y la sanidad, donde existe una cierta dosis de despilfarro y de fraude.

Todo ello se intenta, además, sin que sean necesarios esfuerzos o sacrificios especiales de los distintos grupos sociales, ya que se va a seguir creciendo un punto por encima de la media de la Comunidad Europea, las rentas salariales van a seguir mejorando su poder adquisitivo y el paro se va a reducir notablemente.

Apoyo

Ante un programa de estas características no cabe más postura lógica que apoyarlo decididamente e intentar que se cumpla, ya que representa un intento coherente y realista de hacer frente a los problemas y las barreras que desde hace tiempo impiden que este país sea más estable y más próspero, y, al mismo tiempo, de evitar que pierda el tren de la integración europea, que es, sin duda, el mayor logro de nuestra joven democracia y el objetivo por el que tanto hemos luchado todos desde hace muchos años.Es por ello muy importante que todos los ciudadanos comprendan el alcance de este programa, lo apoyen y participen activamente en su discusión, aportando iniciativas y mejoras, y, en definitiva, que lo hagan posible, ya que, de no haber un amplio grado de consenso y aceptación, será, muy difícil implantarlo y se perderá una oportunidad histórica de modernizar nuestra economía y de jugar un papel digno en el futuro de Europa.

Ahora bien, el apoyo de los ciudadanos no debe ser incondicional: hay que exigir una alta dosis de corresponsabilidad a los gobernantes, de éste y de futuros Gobiernos, para que no se dé marcha atrás y se evite que el programa pueda quedar reducido a una mera lista de promesas políticas incumplidas.