21 días de suciedad

LOS BUENOS oficios del delegado del Gobierno no han bastado para poner fin a la huelga de limpieza de edificios públicos que desde hace 21 días ensucia gravemente Madrid. Si antes de las dos jornadas de negociaciones maratonianas dedicadas infructuosamente a este empeño el conflicto parecía más propio de una sociedad preindustrial que de una desarrollada, ahora lo parece aún más.Alguien tendrá que explicar por ejemplo, cómo es posible que continúe una huelga en la que la diferencia económica que separa a empresarios y trabajadores se ha reducido a poco más de 1.000 pesetas mensuales. Es lógico que una situación así, verdaderamente kafkiana, preocupe a los poderes públicos y a todos aquellos sectores sociales y económicos que pugnan por desterrar de nuestro país cualquier atisbo de relaciones industriales que no estén a la altura de los objetivos de convergencia europea. De entrada, es difícilmente comprensible el mantenimiento de un conflicto en el que las cifras absolutas en litigio oscilan entre las 7.000 y 8.000 pesetas mensuales en relación con salarios que apenas superan el millón de pesetas brutas anuales.

Es además absolutamente intolerable que la patronal del sector, que agrupa a 150 de las 1.500 empresas que lo integran en la Comunidad de Madrid, se resista a dar la cara en la mesa de negociaciones y lo haga por abogados interpuestos sin margen de maniobra para negociar. Esta incomparecencia ha constituido una dificultad añadida en la solución de un conflicto que está creando graves riesgos higiénicos sanitarios a la población.

La Administración está doblemente interesada en una pronta salida al conflicto de la limpieza: de un lado, es concesionaria de las contratas oficiales que constituyen la principal actividad del sector; de otro, tiene una responsabilidad ineludible en evitar que la situación afecte gravemente a la salud pública. De ahí que deba asegurarse bien de a quién adjudica tales contratas y no quedarse con los brazos cruzados, después, ante una actividad empresarial que se desarrolla en régimen de concesión administrativa. En todo caso, un futuro menos conflictivo del sector pasa por un cambio en las actitudes de sus protagonistas. Como constató el mediador en la huelga de hace dos años, el inspector de Trabajo Marcos Peña, Ios limpiadores tienen funcionalmente una enorme utilidad social, pero no se les reconoce. Es un problema de mentalidades". El que se consiga esta adecuación, como elemento de pacificación, depende en gran parte de quienes tienen en sus manos la concesión de las contratas: las administraciones públicas.