Hacen falta otras medidas

Los empresarios, según el autor echan de menos actuaciones concretas para impulsar la actividad económica. Reprocha la actitud de los sindicatos y subraya como,uno de los grandes defectos del sistema de desempleo que invita a los parados a permanecer en el sistema de protección en lugar de buscarles un empleo.

No sé hasta qué punto la opinión pública española comprende el significado de la traída y llevada convergencia económica con Europa, y menos todavía si se entiende la distinción entre convergencia nominal y convergencia real.

Para explicarlo se me ocurre la imagen de una flota de 12 barcos, que son los países que forman parte de la Comunidad Europea. No navegan a la misma altura, ya que algunos se encuentran rezagados en relación con el conjunto, mientras que otros van claramente adelantados. Pero no es ésa la preocupación primordial. Lo prioritario es garantizar que ninguno de los barcos zozobre, para que puedan continuar su marcha. En términos comparativos, esto es lo que se pretendió en el acuerdo de Maastricht que se firmó en diciembre de 1991, cuando se estableció una serie de medidas para garantizar el equilibrio de los países miembros de la CE en lo que ha dado en llamarse convergencia nominal. ,

Estos criterios de convergencia son sobre todo cuestiones de estabilidad, como mantener una inflación moderada, un cierto equilibrio de las cuentas públicas; es decir, en el déficit, en un endeudamiento público razonable con tipos de interés más bajos, o un cambio de moneda estable.

Pero a partir de ahí, y siguiendo con. el símil náutico, un barco puede haber conseguido un buen equilibrio y haber eliminado los riesgos de naufragio, y sin embargo puede ser que no consiga avanzar. Este avance es lo que llamaríamos la convergencia real. En el caso de los barcos, consistiría en conseguir que los más rezagados obtuvieran una velocidad de marcha superior a la de los más adelantados, hasta alcanzarles en un plazo más o menos próximo.

En el caso de los países de la Comunidad, se trataría de que aquéllos con menor nivel de renta y bienestar, entre ellos España, crecieran en los próximos años por encima de la media europea, hasta equipararse a los del pelotón de cabeza en un periodo de tiempo razonable.

Decepción empresarial

Está claro que para avanzar ' antes hay que conseguir un barco estable y equilibrado. Bajo este punto de vista, la convergencia nominal en materia de equilibrio es condición absolutamente necesaria para conseguir el avance. Sin embargo, y como hemos visto, no es condición suficiente para lograr la convergencia real, que es de lo que se trata a fin de cuentas.

El Gobierno ha presentado recientemente un Programa para la Convergencia con Europa que ha decepcionado a los empresarios. Por un lado, las medidas adoptadas para la convergencia nominal, esto es, para conseguir el equilibrio económico, son de todo punto insuficientes. Además, hay una ausencia absoluta de medidas de impulso a la actividad económica; es decir, de aquellas que nos permitirían crecer más deprisa y efectuar una convergencia real, en nivel de renta, con la media europea.

Hasta tal punto esto es así que la mayoría de la opinión pública ha visualizado el programa de convergencia como un mero recorte de las prestaciones por desempleo, sin dar mayor valor o relieve a otros aspectos del programa, quizá por su inconcreción, o porque carga la mano en el diagnóstico y en los objetivos, y no en las medidas concretas para lograr esos objetivos, por otra parte irreprochables.

Lo anterior no significa tampoco que cuestiones como la reforma de las prestaciones por desempleo no hubieran debido abordarse. Todo el mundo sabe que el sistema de desempleo español tiene tres grandes defectos: genera un déficit que está alcanzando proporciones preocupantes, invita a los parados a permanecer en el sistema de protección en lugar de buscarles un empleo y, por último, genera un fraude evidente y promueve la economía negra.

Por cualquiera de estas tres razones, había que proceder a reformar las prestaciones, y no digamos por las tres razones juntas. En este sentido, las quejas de los sindicatos carecen de base, tanto en la forma como en el fondo. En las cuestiones de forma, difícilmente se le puede reprochar al Gobierno que no negocie el asunto con los sindicatos, cuando tuvieron todas las posibilidades de hacerlo el año pasado, con motivo del plan de competitividad, y en cambio decidieron levantarse de la mesa a la tercera reunión. De la misma manera, actualmente boicotean cualquier invitación que les hace el Ministerio de Trabajo para negociar la Ley de Huelga, y eso por no hablar de ocasiones anteriores, como la imposición de la Ley de Control de Contratos, donde hicieron todo lo que estaba en su mano para evitar negociar con los empresarios.

Ineficacia del Inem

Tampoco en las cuestiones de fondo se les puede dar la razón: la proliferación de los contratos temporales tiene su origen en la rigidez de los contratos indefinidos, lo que ha conducido a un mercado de trabajo dual, que disgusta tanto a los empresarios como a los propios sindicatos. Por otra parte, el sistema de desempleo, como mejora social, tiene un coste económico, y no se puede desconectar esta prestación con la capacidad que tiene el país para pagarla.

Hoy por hoy no la tiene, sin ni siquiera entrar a valorar la justicia o injusticia de que un trabajador que haya cotizado seis meses tenga derecho a un mínimo de tres en desempleo. Además, la falta de control de los que perciben el subsidio y la ineficacia de la labor del Inem como ofertador de nuevos empleos son cosas conocidas que propician el fraude al sistema. Aquí no debemos buscar tanto a los culpables, pues para hacer fraude normalmente se han de poner de acuerdo un empresario y un trabajador, como ensayar las fórmulas de corregir el evidente mal funcionamiento, y eso es lo que, de manera parcial, se ha hecho.

Los sindicatos, por otra parte, exhiben la amenaza de huelga general como arma de chantaje permanente que se impondría a los poderes democráticos legalmente establecidos. Creo que no es de recibo esta actitud, como tampoco lo es convocar huelgas en sectores claves para el 92 (caso de la hostelería o la construcción) para forzar la firma de convenios nacionales, cuando están vigentes multitud de convenios colectivos provinciales.

De cualquier manera, el error básico de los sindicatos es no reconocer que cualquier avance social debe ir precedido por una mejora de productividad a escala nacional, que permita pagarlo, igual que el error del programa del Gobierno es haberse quedado en medidas concretas sobre la prestación por desempleo, que son, por otra parte, tan necesarias como impopulares. Los empresarios echamos de menos actuaciones concretas para impulsar la actividad económica, tanto en el campo de la desregulación de mercados como en los aspectos fiscales y financieros.

es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).