El estado puede perder más de 40.000 millones en retenciones de primas únicas de la Caixa

El Ministerio de Economía podría perder hasta 44.000 millones de pesetas por las primas únicas de La Caixa que finalmente sean consideradas un seguro, y no un producto financiero, como consecuencia del acuerdo alcanzado semanas atrás entre la Administración y la entidad. Esta pérdida alcanzaría esa cantidad solamente en el caso de que todos los poseedores de primas únicas se hubieran descontado de la declaración de la renta la retención correspondiente a un producto financiero, tal como autorizó la Administración en una resolución el 14 de noviembre de 1989.

Los inspectores de la Oficina Nacional de Inspección llegaron a la conclusión de que las retenciones no practicadas por La Caixa, que preside Josep Vilarasau, en los productos de prima única se elevan a 60.000 millones de pesetas. Sin embargo, según las informaciones reiteradamente confirmadas por la entidad de ahorro y no desmentidas ni confirmadas por Hacienda, el acta definitiva de la inspección exige tan sólo 16.000 millones de pesetas por retenciones no practicadas -más una sanción e intereses de demora de 21.000 millones de pesetas-, por lo que Hacienda renuncia a reclamar 44.000 millones en retenciones no practicadas.De confirmarse estas cantidades, Hacienda consideraría que los citados 44.000 millones no tenían que haberse retenido por entenderse consideran rendimientos producto de una operación de seguro. Los contribuyentes están obligados a declarar todos los rendimientos de las operaciones de prima única, prescindiendo de que sean o no un seguro. La diferencia es que las operaciones estrictamente financieras soportan una retención -un adelanto en el pago de impuestos, que en el caso de las primas únicas osciló entre el 18% y el 25%, en función del año en que se suscribieron- y las operaciones de seguros, no.

El problema para Hacienda radica en la resolución de 14 de noviembre de 1989, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la misma se señala: "Estas operaciones [seguro sobre la vida con capital diferido a prima única] se considerarán un activo financiero, cuyos rendimientos están sujetos a retención a cuenta, cuando quede probado, en particular, que se trata de una colocación de capitales retribuida financieramente, con ausencia de un verdadero riesgo asegurado. En este caso, los rendimientos obtenidos se entenderán percibidos con deducción del importe de la retención correspondiente".

Exigir o renunciar

De esta forma, los contribuyentes que en su día se descontaron en la declaración de renta las retenciones que debería haber practicado La Caixa -y que en realidad nunca practicó- al seguir la resolución de Hacienda, ahora podrían verse ante la obligación de devolver a la Administración esas cantidades. Hacienda se encuentra así ante el dilema de exigir esa devolución a los contribuyentes o renunciar a su cobro.Hacienda no ha querido hacer comentarios sobre esta casuística. Sin embargo, el problema no se limita a las cantidades que pueda perder el Estado. Por ejemplo, podría darse la circunstancia de que un contribuyente se hubiera descontado más de cinco millones por supuestas retenciones en un mismo ejercicio, por lo que la cantidad a pagar a Hacienda superaría el umbral del delito fiscal. Al no poder acogerse, en principio, a declaraciones complementarias, este contribuyente podría haber incurrido en delito por seguir la recomendación de Hacienda, ya que en el momento de hacer la declaración ignoraba si su operación sería finalmente considerada un seguro o no.

Esta situación es consecuencia del cambio de actitud adoptado por la Administración ante el problema de las primas únicas. Cuando el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, ocupaba la secretaria de Estado de Hacienda, el ministerio atacó con dureza este producto por considerar que en la práctica eran una operación financiera encubierta que se había extendido de forma desmesurada amparándose en su presunta opacidad fiscal.

Acuerdo final

El actual secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, ha mantenido la misma actitud de rechazo a los seguros que encubrían operaciones financieras, pero su actitud pública ante el conflicto ha sido mucho más discreta y moderada que la de su antecesor, José Borrell.Esta tibieza en las formas se ha confirmado en la práctica con la reclamación final a La Caixa. Esto se atribuye a un acuerdo entre ambas partes, que permite a cada una ceder en algunos aspectos, pero no en todos. Al margen de las presiones políticas que se han dado para este acuerdo, el Gobierno se encontraba ante el dilema de plantear o no una reclamación que podría haber sido muy gravosa para la entidad.