El Defensor del Pueblo alerta sobre las deficiencias de los servicios públicos y la prepotencia de los funcionarios

Los españoles formularon 25.730 quejas al Defensor del Pueblo durante el pasado año, lo que supone una reducción del 13% con relación a 1990, según el informe anual presentado ayer en las Cortes por Alvaro Gil-Robles. El informe recoge 56 recomendaciones a las distintas administraciones del Estado, y se refieren a mejoras en los servicios públicos y al abandono de hábitos de prepotencia por parte de los funcionarios. Sobre la evolución de los malos tratos practicados a detenidos, Gil-Robles se considera optimista respecto a la Guardia Civil, pero no sobre los policías municipales o el Cuerpo Nacional de Policía.

El informe anual del Defensor del Pueblo presentado ayer en las Cortes ha vuelto a considerar prioritaria la investigación sobre los presuntos malos tratos que las Fuerzas de Seguridad del Estado o los vigilantes privados aplican a los ciudadanos.Gil-Robles se felicita por la reducción de quejas dirigidas a la actuación de la Guardia Civil, pero no así por la intervención de las policías municipales o el Cuerpo Nacional de Policía. El Defensor del Pueblo observa que las diligencias que se tramitan adolecen del rigor necesario. Se limitan a la toma de declaraciones a los agentes sin tener en cuenta a otros testigos. "Cuando se inicia alguna investigación reservada", señala, "o un expediente disciplinario por hechos denunciados se ven suspendidos, a la espera de una sentencia".

En este sentido lamenta constatar que algunos agentes practican la denuncia simultánea o previa al ciudadano denunciante, al que acusan de agresión o resistencia a la autoridad, "sin que las circunstancias en que se han desarrollado los hechos respondan exactamente a estas calificaciones". El Defensor del Pueblo valora la creación de nuevas prisiones, ya que en sus visitas a 31 cárceles ha observado excesiva masificación y un nivel de sanidad que dista mucho de ser satisfactorio.

El informe aprecia la razón que asiste a las quejas formuladas por ciudadanos extranjeros con relación a la discrecionalidad de los agentes en los puestos fronterizos y a que los recintos habilitados para su permanencia durante el periodo de tránsito hasta su expulsión no reúnen las condiciones adecuadas.

. Las quejas sobre las multas de tráfico se refieren a la exigencia de satisfacer dentro de un plazo el importe de las mismas, mientras la Dirección General de Tráfico simplemente no contesta a los recursos que se le presentan alegando que carece de medios y de personal suficientes. Esta denuncia es común a la recaudación de tributos. Los contribuyentes no entienden por qué Hacienda aplica sanciones cuando se ingresan fuera de plazo, cuando el organismo no contesta a muchos de los recursos que le presentan los contribuyentes.

Sobre la sanidad, el informe denuncia la "imposición a los asegurados de médicos distintos a los que tradicionalmente les han venido prestando asistencia, sin que, por otra parte, pueda ejercitarse todavía la facultad de elección de facultativo en la atención primaria de salud".

Destaca también la extensión de las listas de espera "por la falta de adecuación de los recursos a la demanda" y la especial demora en determinadas especialidades, como la oftalmología -hay que esperar hasta dos años para operarse de cataratas- y la traumatología. En esta materia, las quejas inciden, según el Defensor, sobre el grave problema que representa el hecho de que el sistema de la Seguridad Social no facilite a los asegurados las prótesis oculares y auditivas, así como la denegación a peticiones de reintegro de gastos por el uso de medios ajenos a la Seguridad Social cuando se ha recurrido a ellos por las abultadas listas de espera.

Retraso en las pensiones

Respecto a la actividad farmacéutica, el informe reitera que continúan recibiéndose quejas por las restricciones legales para el establecimiento de nuevas oficinas de farmacia.

El mal funcionamiento de Correos y Telefónica se extiende, según las quejas, a zonas relativamente amplias o a municipios enteros. Muchas de las quejas consideran que Correos debería indemnizar adecuadamente en los casos de extravío de paquetes. Gil-Robles ha pedido a Correos que elabore un código de derechos del usuario que establezca de manera clara y sistemática su relación con este servicio.

Sobre los procedimientos administrativos, el Defensor destaca la tardanza que observa en la tramitación de las pensiones de jubilación e invalidez: de los 242.959 expedientes existentes el 13 de diciembre de 1991, se habían finalizado 73.385, lo que representa sólo un 30%.

De las quejas referidas a Industria, comunes a todo el país, destaca la retirada y almacenamiento de los pararrayos radiactivos. La única empresa competente para realizar esta operación, Enresa, no puede ejercitarla porque carece de suficientes instalaciones de almacenamiento. Ello se atribuye a los recelos que suscita entre la población este tipo de instalaciones porque no se les informa debidamente.