Desidia de los ayuntamientos

Muchos ayuntamientos se resisten a ejercer las facultades que la ley les atribuye en materia de disciplina urbanística, control de vertidos y contaminación del medio ambiente, señala el informe del Defensor del Pueblo, que refiere casos concretos de desidia por parte del Ayuntamiento de Madrid y alguno de sus alrededores -entre otros del resto del país- en la demolición de obras ilegales.Sobre la Administración de Justicia, el Defensor da cuenta de varias quejas formuladas por ciudadanos de padre o madre desconocidos a los que se les obliga a inventarse nombres para cumplimentar trámites ante el Registro Civil o el DNI. Gil-Robles pide en su informe que se suprima tal obligatoriedad.

En cuanto a la actuación .de la propia justicia, advierte la imposibilidad de aplicar la disciplina a los jueces frente a sus propias faltas, dado el brevísimo plazo de prescripción. Es el caso de los errores cometidos por fiscales en la detención de un ciudadano que denunció la comisión de un delito o el de otro detenido debido a un error judicial. El Defensor denuncia el colapso de la jurisdicción contencioso-administrativa en los tribunales superiores de justicia de Castilla y León -ubicado en Burgos-, País Vasco, Galicia, Madrid y la Audiencia Nacional.

Las reclamaciones sobre Educación se centran en el retraso en la tramitación de asuntos (títulos) y en la aplicación de las normativas; las de Obras Públicas, en las retribuciones pendientes por expropiaciones forzosas (4.300 millones pendientes a finales de 1991) y las presuntas irregularidades en el procedimiento, y las de Medio Ambiente, al impacto de grandes vías de comunicación, ruidos de locales, vertidos y la protección de las riberas del mar.

Sobre la prestación del servicio militar, el Defensor considera positivo que las reclamaciones comiencen a presentarlas los propios soldados en lugar de sus familiares, y advierte que, aunque se ha avanzado, no se han erradicado aún las novatadas y los tratos degradantes.