Miembros, del Consejo Fiscal dimitirán en bloque si se les imponen más nombramientos

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, expresó ayer su preocupación por "una cierta confusión existente sobre el modelo constitucional del ministerio fiscal, que no es otro", dijo, "que el de dependencia jerárquica y unidad de actuación", y aseguró que la dimisión de Leopoldo Torres como fiscal general del Estado "estuvo desconectada" del conflicto del Ejecutivo conlos fiscales. Mientras tanto, miembros del Consejo Fiscal estudian la dimisión en bloque si se les imponen nombramientos en la cúpula de la Fiscalía General, lo que significaría "empantanar la carrera", dada la importancia del órgano.

Miembros del Consejo Fiscal -integrado por nueve miembros electivos, seis de la Asociación de Fiscales y tres de la Unión Progresista de Fiscales, además de los dos miembros natos y presididos por el fiscal general del Estado- manifestaron ayer a este periódico "el clamor en contra del relevo de Torres". Uno de los pertenecientes a la Asociación de Fiscales anunció la dimisión en bloque del Consejo Fiscal si se les imponen nombramientos no deseados en la cúpula del Ministerio Fiscal, en donde se teme que Juan José Martínez Zato sea nombrado teniente fiscal y Eladio Escusol, jefe de la inspección."No pueden seguir alimentando la hidra", manifestó dicho fiscal. "Todo el Consejo Fiscal está en contra y nuestra dimisión empantanaría la carrera, porque a tal órgano asesor hay que consultarle una serie de asuntos, que quedarían paralizados".

En medios jurídicos se constataba ayer gran malestar por la salida dada por el momento al conflicto. A las opiniones expresadas el viernes último por las dos asociaciones de fiscales se unió ayer la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, que manifestó que "la situación desencadenada con el cese del fiscal general Leopoldo Torres amenaza con convertirse en una grave crisis institucional, ante la que parece decidida pretensión del poder político de convertir el Ministerio Público en un simple apéndice del Gobierno y el partido gobernante".

Rechazo judicial al fiscal dócil

La APM señala que "la imparcialidad y único sometimiento a la ley del Ministerio Fiscal es una pieza clave de la justicia y de la independencia de los tribunales". Y añade: "El fiscal sólo puede ser defensor de la ley, protector de los débiles y guardián de la independencia judicial. De ninguna manera puede convertirse en servidor de intereses partidistas e, instrumento político sumiso y obediente". La APM afirma que en este asunto los jueces no pueden tener dudas y por eso "apoya sin reserva la postura de los fiscales en defensa del papel que les reserva la Constitución al servicio de los ciudadanos".Precisamente sobre el modelo constitucional de Ministerio Fiscal se manifestó ayer el ministro de Justicia, a preguntas. de este periódico. A diferencia de la APM, Quadra-Salcedo resaltó del artículo 124 de la Constitución "Ios principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica" de los fiscales respecto al fiscal general del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, y aseguró que el modelo español da más autonomía a los fiscales que la que tienen en Francia, -"en donde el fiscal depende del ministro de Justicia", dijo-, Alemania, Reino Unido o Austria. "En Italia y Portugal se les daba más independencia y lo están revisando", matizó.

En defensa de ese modelo constitucional, Quadra-Salcedo señaló la conveniencia de distinguir a los jueces de los fiscales, ya que estos últimos "no son independientes, sino que dependen jerárquicamente de sus superiores". Respecto a la unidad de actuación, a fin de que "la decisión de acusar no la adopte individualmente un funcionario", señaló que esa es una de las funciones de los fiscales jefes, las Juntas de Fiscales y el Consejo Fiscal, cuyo papel "no puede incurrir en corporativismo o gremialismo, ya que es el Gobierno el que responde ante el Parlamento del funcionamiento de la justicia". Preguntado sobre el conflicto con los fiscales, el ministro de Justicia aseguró que "el Consejo Fiscal no debió dirigirse al Gobierno, sino al fiscal general del Estado, de quien es órgano asesor, no del Ejecutivo", por lo que se ratificó en la procedencia de devolver a Torres el informe que le remitió. En opinión de Quadra-Salcedo, el Consejo Fiscal "confunde lo que es el nivel de un órgano del Estado de asesoramiento del fiscal general con el de un órgano sindical de la carrera fiscal, apto para plantear problemas corporativos".

Ante la objeción de que el Consejo Fiscal planteó problemas de medios personales y materiales para un mejor servicio a los ciudadanos, el ministro de Justicia insistió en que "no le corresponde esa función, ya que para discutir de las necesidades de la Administración de Justicia tenernos el Parlamento, que decide las dotaciones, y ejerce la crítica política señalando que no hay suficientes fiscales, como que faltan carreteras...".

Respecto a los problemas concretos planteados, frente a la crítica del Consejo Fiscal de que, en contraste con el aumento de jueces, no ha habido "un crecimiento simultáneo y proporcional de la plantilla de la carrera fiscal", Tomás de la Quadra-Salcedo aseguró que desde 1982 "el número de jueces ha aumentado en un 80%; el de fiscales, en un 130%".