Convergencia laboral

CON CARÁCTER de urgencia, el Gobierno acaba de aprobar las primeras medidas del Programa de Convergencia, un plan que intenta garantizar, con el horizonte de 1997, las condiciones de acceso a la tercera y definitiva fase de la unión económica y monetaria; aquella en la que las monedas nacionales serán sustituidas por la moneda única europea.El Real Decreto de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del Desempleo se inscribe en ese capítulo de imprescindibles reformas estructurales a acometer no sólo para acelerar la consecución de esa anhelada convergencia macroeconómica, sino para que el resto de las actuaciones de la política económica disponga de la eficacia de la que ahora carece. Las manifiestas dificultades para aproximar nuestra inflación a la de los principales países comunitarios no pueden superarse si no es a través de la eliminación de las rigideces en algunos mercados y de las ineficiencias en la oferta de los servicios públicos y privados.

Pero lo cierto es que la acción del Gobierno no sólo ha de procurar la satisfacción de esas condiciones de convergencia nominal, sino, igualmente, hacerlas compatibles con aquellos objetivos más directamente aprehensibles de la convergencia real de nuestra economía; en concreto, con la reducción de esas todavía significativas diferencias en nuestra renta por habitante respecto a la de la CE.

El crecimiento de la economía española y fa extensión del bienestar exigen ante todo buscar la solución para el desempleo, es decir, la incorporación a la población activa de todos aquellos españoles hoy fuera del mercado de trabajo (la tasa de actividad de la economía española sigue siendo una de las más bajas de la CE) y la reducción del paro (uno de los más elevados de nuestro entorno).

Para ello, además de la adecuación de las políticas globales -cuyo margen de maniobra es en la actualidad extremadamente limitado-, es preciso eliminar los obstáculos que impiden las oportunidades para encontrar un puesto de trabajo. Las áreas en que el Programa de Convergencia pretende actuar en este ámbito -eliminación de las barreras a la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra, incentivos a la búsqueda de empleo y mejora de la formación profesional- no son cuestionables; y no sólo respecto a la pretendida convergencia, sino también teniendo en cuenta la solidaridad con ese amplio colectivo de desocupados.

Es en los dos últimos apartados donde se inscriben las medidas que acaba de aprobar el Gobierno, aunque de su normal aplicación se derivaría igualmente una reducción del déficit público, objetivo que el Ejecutivo parece remiso a reconocer entre sus motivaciones directas.

Del conjunto de las actuaciones propuestas -la erradicación del fraude obligando a los parados con subsidio a aceptar una primera oferta de empleo o a la realización de cursos de formación profesional, la reordenación de las ayudas a las empresas para la contratación de parados con dificultades para encontrar empleo, medidas para la formación profesional y la rebaja generalizada de las prestaciones-, ha sido esta última la que ha originado las críticas más duras de los sindicatos. Unas reacciones que serían más comprensibles si, asumido el diagnóstico en que se basan las actuaciones de la política económica del Gobierno, estuvieran acompañadas de una exposición de iniciativas que posibilitaran la consecución de esos objetivos de aumento del empleo con igual o mayor empeño que el mostrado por las mismas organizaciones de los trabajadores en la defensa de los ya empleados.

La actitud manifestada por el Gobierno de admitir modificaciones por parte de las fuerzas políticas parlamentarias a ese programa, siempre que sean consistentes con los, objetivos de convergencia, es un planteamiento razonable, que lo hubiera sido en mayor medida de haber estado presente en el proceso de elaboración del mencionado programa. La voluntad de situar a nuestro país en el proceso europeo aconseja que la estrategia orientada a su consecución disponga, junto a la verosimilitud de los resultados propuestos, del más amplio respaldo posible, sin eludir el reconocimiento de los esfuerzos que dicho proceso convergente exigirá ni las responsabilidades de los agentes económicos y sociales en posibilitar su conveniente consecución.

El plan de convergencia se extenderá por más de una legislatura, y afecta a todos los españoles. No se entendería, pues, que no se buscase el consenso político y social; o que, buscado éste, primasen los intereses de partido o de grupo sobre los de la mayoría de la población.