Socialistas y PP rechazan eliminar la pena de muerte en tiempo de guerra
La posibilidad de reformar el Código Penal Militar para abolir la pena de muerte en tiempo de guerra fue rechazada ayer en el Congreso por 214 votos del PSOE y del PP, frente a 45 del resto de la oposición y dos abstenciones. La proposición de ley fue presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y defendida por su diputado Antonio Romero.Romero hizo un vibrante alegato contra la pena de muerte y adujo razones morales, jurídicas y de derecho comparado. Argumentó primero contra la pena de muerte en general (abolida por la Constitución) y la rechazó incluso para casos de terrorismo frente a algunas opiniones que a veces surgen ante atrocidades terroristas. Toda la oposición, salvo el PP, apoyó a IU.
Joseba Azkarra, de Eusko Alkartasuna, aseguró que la proposición contribuía a "elevar la dignidad humana" porque "un muerto no restablece orden jurídico alguno ni da satisfacción a sus víctimas". Alejandro Rebollo, del CDS, destacó que cuando menos debe existir la pena de muerte es en tiempo de guerra por ser "el más propicio a la visceralidad y a la inseguridad jurídica de las personas". Salvador Carrera, en nombre de Convergència i Unió, mantuvo lo que, según explicó, ha sido constante de su grupo desde que se debatió la Constitución y apoyó la abolición total de la pena de muerte.
Juan Carlos Guerra Zunzunegui, en nombre del Grupo Popular, se opuso a la pretensión de IU por entender que la Constitución fue aprobada por consenso de todos los grupos y refrendada mayoritariamente por los ciudadanos españoles. Según él, la Constitución no implanta la pena de muerte en tiempo de guerra pero deja abierta la posibilidad que ha sido mantenida posteriormente por las leyes.
Federico Sanz, en representación del PSOE, explicó que la guerra es un supuesto, altamente improbable, en el que quiebran una buena parte de las condiciones de la vida en paz y llegó a asegurar que sería sarcástico que mientras en la guerra muchos mueren por defender a su comunidad pueda ir a la cárcel alguien que atenta contra aquéllos.
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