Un querellante pide que la Comisión de Valores se inhiba en el 'caso Ibercorp'

El ahogado José Emilio Rodríguez Menéndez afirmó ayer que ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 21, en el que pide que requiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que se inhiba en el caso Ibercorp hasta que concluya el proceso penal que se sigue en el juzgado.Rodríguez Menéndez, que actúa en representación de siete pequeños accionistas de Sistemas Financieros (SF), anunció la presentación de una nueva querella por falsedad, estafa, cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas contra Mariano Rubio, Miguel Boyer, Manuel de la Concha, Jaime Soto, Juan Antonio García Díez, Carmen Posadas, Isabel Preysler y Benito Tamayo.

La nueva querella aporta como novedad la cuantificación de diversas operaciones realizadas por Ibercorp a través de tres fondos de inversión colectiva y dos sociedades instrumentales. Estas operaciones, según el escrito, resultaron ser fallidos, por lo que originaron minoraciones patrimoniales en los inversionistas. Entre ellas figura una de Uralita SA, de la que la querella precisa que su presidente era el ex ministro Juan Antonio García Díez. Con fondos de inversión controlados por Ibercorp, y movidos por amistad entre los querellados, se compraron 80 millones de acciones de Uralita. Los clientes han perdido el 21% de su inversión, según el texto presentado. Otra de las novedades es la cuantificación de las cantidades recibidas por Manuel de la Concha y Jaime Soto por parte de sociedades de Ibercorp.

Por otra parte, el PP presentó ayer dos escritos en los que solicita el amparo del presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, para que reconsidere la decisión adoptada el pasado día 17 en relación de no admitir a trámite la petición de que el Banco de España envíe al Parlamento las actas de inspección del Banco Ibercorp.

Mientras tanto, la polémica entre los diarios El Mundo y Diario 16 sobre el caso Ibercorp entró ayer en una fase de especial dureza, con acusaciones mutuas de ser utilizados por terceros e incluso participar en operaciones de pinchar teléfonos a periodistas.