La Intervención del Estado detecta 59 millones sin justificar en las cuentas del Consejo de la Abogacía

La Intervención General de la Administración del Estado ha exigido al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que justifique, o devuelva, 59 millones de pesetas cuyo empleo "no está debidamente acreditado en ninguna partida" procedente de las subvenciones que para el turno de oficio y asistencia letrada al detenido ha recibido el Consejo del Ministerio de Justicia entre 1986 y el primer semestre de 1990. El informe señala que, en 1990, el Consejo que preside Antonio Pedrol Rius "cubrió el cien por cien de sus gastos con dinero procedente de esta subvención". La Intervención ha formulado estas imputaciones tras estudiar las alegaciones del CGAE ante un primer informe.

La Intervención General señala en sus conclusiones generales que "el Consejo no lleva un registro o contabilidad separada de los gastos imputables a la gestión de los servicios subvencionados, por lo que no ha sido posible determinar si las subvenciones recibidas se han aplicado a la finalidad prevista".El informe de la Intervención señala "las dificultades que ha encontrado para elaborar su informe" y destaca que "en la contabilidad del CGAE no ha sido posible, por falta de documentación, determinar los gastos imputables a la gestión de los servicios subvencionados".

El Consejo de la Abogacía ha obtenido en los cuatro años y medio mencionados "un beneficio de 122 millones de pesetas", según el informe de la Intervención y de ellos "tiene acreditados en cuenta corriente 63 millones", por lo que "el Presidente del CGAE [Antonio Pedrol Rius] debe justificar el empleo dado a la diferencia", es decir, a 59 millones.

Según el alto organismo de control económico, el Consejo de la Abogacía obtiene "importantes cantidades como consecuencia de los intereses bancarios que devenga la cantidad recibida, desde que la recibe hasta que la redistribuye entre los Colegios de Abogados". Estos intereses han sido de 173 millones de pesetas, mientras que la cantidad que ha detraído el Consejo de la subvención total ha sido de 283,4 millones de pesetas. Pese a ello, el Consejo sigue descontando, "a pesar de los elevados intereses que obtiene el 1,5% de la totalidad de la subvención recibida".

Por ello, la Intervención General del Estado propone que el Consejo no siga quedándose ese 1,5% y que lo dedique a sufragar los Colegios deficitarios o a mejorar las retribuciones del turno de oficio y de asistencia letrada.

El informe oficial añade en sus conclusiones que el Consejo ha incumplido "las obligaciones de rendición de cuentas" y no ha proporcionado información "sobre cinco aspectos importantes

La Intervención destaca que no se ha informado "sobre los intereses que devenga la subvención" ni se ha enviado "la obligada memoria anual sobre el funcionamiento de los servicios del turno de oficio y asistencia letrada".

"Cuesta dinero"

Por fin, el informa analiza "a modo de muestreo" la gestión de algunos Colegios de Abogados, y concluye que en todos los años analizados "se ha producido un superávit en relación con los gastos de funcionamiento". Esa cantidad sobrante, según la Intervención General, "no se reintegra ni se reinvierte en los servicios de turno de oficio y asistencia letrada".En las alegaciones anteriores al informe de la Intervención, el Consejo de la Abogacía señaló, entre otras cosas, que "el conjunto del costo de mantenimiento de la infraestructura de los servicios de asistencia y turno de oficio, sumados los de los Colegios de Abogados de toda España y los del Consejo, son siempre superiores a los que recibe para su sostenimiento" y añadió que "al conjunto de la abogacía española le cuesta dinero sostener los servicios de asistencia y turno".

Las mismas alegaciones admiten que el Consejo "elaboraba

unas memorias para cada año", pero que "no han sido cursadas ni formalizadas" aunque se comprometen a enviar al Ministerio de Justicia "la correspondiente memoria anual".

EL PAÍS intentó ayer varias veces ponerse en contacto con Pedrol Rius para recabar su opinión sobre las imputaciones de la Intervención General del Estado, pero tanto en su despacho como en el Consejo General de la Abogacía informaron que se encontraba en una reunión.