Justicia propone a Obras Publicas saltarse la negativa de Soto del Real a la macrocárcel

El Ministerio de Justicia ha emprendido ya gestiones con el departamento de Obras Públicas y Transportes para eludir la negativa del Ayuntamiento de Soto del Real a conceder la licencia de construcción de dos grandes cárceles en su término. Á pesar de las protestas de los vecinos, Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente de Justicia, defiende "el interés social" del proyecto y avanza que las obras comenzarán este mismo año. El cierre de la prisión de Carabanchel, que empezará a ser desmantelada a finales de 1992, está supeditado a la construcción del penal de Soto.

Los ocho ayuntamientos que integran la comarca de la cuenca alta del Manzanares -en la que habitan unas 50.000 personas, incluido el censo de Colmenar Viejo- han expresado, encabezados por el consistorio de Soto, su rechazo a la instalación de este complejo penitenciario, que tendrá una capacidad total de 2.000 internos. El presupuesto de las obras asciende a 12.000 millones de pesetas, según Instituciones Penitenciarias.Ante la negativa del Ayuntamiento de Soto, Justicia ha emprendido la vía del interés social del proyecto para conseguir la licencia de obras. De hecho, ha pedido ya a Obras Públicas que informe si existe algún inconveniente para levantar la cárcel en el término municipal de Soto. Si el informe es favorable, la aprobación definitiva de la obra será competencia del Consejo de Ministros.

El alcalde de Soto, el centrista Domingo Eladio Navarro, principal promotor de la oposición vecinal, amenaza con "encerrarse en la sede del Ministerio de Justicia y encadenarse a una de sus columnas" si el Gobierno persiste en acometer este proyecto carcelario. El deteriorio de la riqueza ecológica de la zona y el consiguiente retraimiento del turismo son las razones que esgrimen los alcaldes de los ocho municipios para rechazar la creación de ambas cárceles.

Una licencia de 280 millones

El Ayuntamiento de Soto ha negado la licencia de obras a Justicia y le ha devuelto el proyecto, que prevé el enclave de ambas prisiones en una finca de 63 hectáreas, denominada Los Cierros de San Bartolomé, propiedad de la Administración central.A Eladio Navarro le trae sin cuidado que su municipio deje de percibir los 280 millones que reportarían a sus arcas la licencia urbanística. La vigente legislación establece que los ayuntamientos, al conceder un permiso de obras, reciban en torno al 2% del presupuesto total del proyecto.

Navarro argumenta así la negativa de su corporación a la cárcel: "Hace 10 años, la Administración perjudicó la economía de los vecinos al declarar parque natural la cuenca alta de Manzanares; en la actualidad, cuando la zona ha adaptado parte de su economía al turismo generado por las nuevas circunstancias, Justicia quiere construir dos enormes cárceles en unos terrenos sólo separados del parque por una carretera". Y agrega: "Antes no les importó catalogar como parque la zona para, según dijeron, evitar atropellos urbanísticos, y ahora les da igual la ecología y quieren crear dos cárceles justo al lado del espacio protegido".

Tras la negativa de Soto a respaldar el proyecto, Instituciones Penitenciarias ha envíado un informe a los alcaldes de los municipios afectados -salvo al de Soto- en el que, entre otras cosas, expone el agravio que supondría para el resto de la comunidad autónoma no construir una cárcel en la zona norte de la región; máxime cuando ya hay (en Alcalá de Henares, al esté) o se están creando otros centros penitenciarios, en Valdemoro, al sureste, y Navalcarnero, al suroeste.

Carabanchel

Los vecinos de Soto del Real se han manifestado reiteradas veces contra la creación de esta macrocárcel. En 1987, tras conocerse que Justicia quería construir un penal, unas 1.500 personas de Soto y de localidades cercanas cortaron la carretera Madrid-Miraflores. El grupo del PP en la Asamblea de Madrid ha expresado también, al igual que los vecinos, su rechazo. En el mismo sentido se ha expresado el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado.Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no tiene intención de dar su brazo a torcer, ya que, a priori, ello supondría renunciar a su idea de clausurar cuanto antes la prisión de Carabanchel. La Administración quiere empezar a desmantelarla a finales de este año, coincidiendo con la inauguración de las nuevas cárceles de Navalcarnero y Valdemoro, cuyas obras están ya muy avanzadas. Cada una de estas dos nuevas prisiones tendrá capacidadpara unos 900 reclusos. Con estas 1.800 plazas más las 2.000 previstas en Soto, el Gobierno dispondrá de espacio suficiente para alojar a los internos de Carabanchel, e incluso para adaptarse a la población penada de la próxima década.

La idea de Justicia consiste en enajenar el solar de Carabanchel al mejor postor, sea privado o público, con el fin de financiar la prisión de Soto. Para ello ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que recalifique la parcela, de unos 200.000 metros cuadrados, sobre la que se asienta el complejo penitenciario de la capital. José Ignacio Echeverría, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, advierte no revisará, de forma individualizada, los terrenos de Carabanchel. Esa operación, dijo, debe formar parte de un acuerdo global con la Administración central, para recalificar a la vez "un paquete de parcelas" de la capital.