PP y CiU dicen que la reforma de la ley de propiedad intelectual ataca la industria

Los Grupos Popular y Catalán (CiU) del Congreso de los Diputados consideran que la reforma de la ley de propiedad intelectual perjudica los intereses de la industria española relacionada con la reproducción de libros, de fonogramas, de vídeo, sonoros y, en general, la reproducción visual o audiovisual. Por esa razón pidieron ayer, sin conseguirlo, que el Congreso devolviese al Gobierno el proyecto de ley por el que se reforman seis artículos de esa ley.

En el artículo 25 de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de noviembre de 1987, se establece que los fabricantes en España o los distribuidores de equipos, aparatos y materiales de reproducción paguen un canon que se fija entre las 10.000 y las 50.000 pesetas, por equipo o aparato con capacidad de copia o reproducción.Ese canon se distribuiría entre los autores de libros, discos, vídeos o cualquier otro soporte sonoro, visual o audiovisual a través de las diversas asociaciones que representan a estos autores, y remuneraría anualmente los derechos de propiedad intelectual que se dejan de percibir por esa reproducción constante e incontrolada que esos equipos y aparatos permiten.

El PNV también pidió que se devolviese el proyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual al Gobierno pero por razones bien distintas. El Gobierno vasco tiene planteadas cuestiones de inconstitucionalidad a la ley de 1987 y, aunque la reforma que ahora se propone no toca ni directa ni indirectamente los aspectos que el Grupo Vasco cree inconstitucionales, mantuvo la postura de que no considera aceptable apoyar la reforma de una ley con la que no está de acuerdo.

Ausencia del ministro

Miguel Ángel Cortés, en nombre del Grupo Popular, criticó, muy duramente, la ausencia en el debate del ministro de Cultura, Jordi Solé Tura. Más tarde el representante socialista le explicó que un viaje de Estado "previsto hace mucho tiempo" justificaba la ausencia del ministro que, al parecer se encuentra en visita oficial en México. Cortés propuso que se esperase a que la Comunidad Europea se pronuncie sobre los criterios que unifiquen las normas reguladoras de la propiedad intelectual en los países miembros, y argumentó que si esta ley se aprueba los fabricantes y los distribuidores españoles habrán de soportar un serio hándicap respecto a los de otros países europeos donde no existen tasas ni canónes de ningún tipo.Pere Jover, en nombre del Grupo Socialista, se opuso a las pretensiones de peneuvistas y populares. A los primeros les dijo que no entendía cómo podían oponerse a reformar unos artículos sobre los que no tenían -según habían admitido expresamente- ninguna objeción.

Frente a los populares, Jover argumentó que la Comunidad Europea tardará muchos anos en adoptar alguna decisión si es que llega a hacerlo dada la diversidad de posturas de los estados miembros.

Jover aseguró que el PP defendía "intereses extraculturales" mientras que el Grupo Socialista trataba de defender los intereses de autor, y que una vez que el principio se había sentado en la ley de 1987 resulta inaplazable ponerlo en marcha.

La devolución al Gobierno fue rechazada por 168 votos en contra, del PSOE, CDS e Izquierda Unida, frente a 100 del PP y CiU. El proyecto de reforma iniciará ahora su trámite parlamentario habitual y será la comisión correspondiente la que emprenda su debate. Está previsto que algunos especialistas sean llamados ante la comisión para conocer sus opiniones.