La convergencia

LA TERCERA y definitiva fase del proceso de Unión Económica y Monetaria (UEM) exige a los países que pretendan incorporarse a ella un determinado grado de aproximación (lo que ha dado en llamarse convergencia) entre sus economías y las de aquellos países que en el momento de la evaluación correspondiente, finales de 1996, presenten una menor tasa de inflación. La asunción de ese horizonte obliga, en principio, a la presentación en Bruselas por cada economía nacional de un plan específico que refleje el camino de aproximación a ese objetivo, desplegado en varios frentes: inflación no superior en 1,5 puntos al promedio de los tres países que tengan índices más bajos; déficit público no superior al 3% del producto interior bruto (PIB); deuda pública que no sobrepase en ningún caso el 60% de dicho PIB; tipos de interés a largo plazo nunca superiores en más de un punto a los de los tres países que los tengan más bajos, y fluctuación del tipo de cambio de la moneda correspondiente en la banda más estrecha desde dos años antes de la plena integración.El plan correspondiente a la economía española ya ha sido presentado por el ministro de Economía al Consejo de Ministros, y, previsiblemente, en las próximas semanas lo será en el Congreso de los Diputados. De sus elementos fundamentales, dados a conocer por este periódico el pasado jueves, llama poderosamente la atención no sólo la presunción del cumplimiento de las condiciones establecidas en Maastricht, sino su amplia superación en capítulos tan importantes como los relativos a las finanzas públicas españolas. El ministro de Economía propone reducir el déficit público, situado en el 4,4% del PIB en 1991, al 0,8% al final de 1996.

En dos hipótesis tan centrales como cuestionables parece descansar el andamiaje de ese plan de convergencia: el crecimiento de la economía española durante los próximos cinco años a tasas del 3,5% de promedio y la contención del crecimiento del gasto público en un 1% por debajo del correspondiente a la economía. Sobre esas bases, la creación de más de un millón de empleos, la contención de la inflación en el 3% o la reducción de los tipos de interés son pronósticos tan gratos como difíciles de asumir de forma realista. Esa contención del gasto público de la que derivan todos esos parabienes supone a su vez que serán las partidas denominadas sociales -educación, desempleo y sanidad- las que soportarán la mayor carga del ajuste, junto a la reducción de los gastos de personal de las administraciones públicas; todo ello, sin aumento alguno de los impuestos en estos próximos cinco años.

En las circunstancias actuales -escasa capacidad de maniobra de la política monetaria, dificultades en la elaboración de una política de rentas y problemas en nuestro sector público-, orientar la senda de convergencia por la vía del ajuste presupuestario es inevitable, aunque en modo alguno puede ser suficiente. Todavía están por verse las políticas estructurales anunciadas en septiembre pasado por el ministro de Economía en el Congreso para eliminar algunas de las ineficiencias del sector servicios. Causa también extrañeza que ese ajuste presupuestario propuesto no haya sido precedido de unos presupuestos más convergentes en el presente ejercicio. El agujero recientemente descubierto en el Inem, cifrado en 430.000 millones de pesetas, da una idea de las dificultades con las que se enfrenta la reducción del déficit presupuestario.

De entrada, el plan de convergencia exige, para que sea creíble, que sus hipótesis sobre la evolución de la economía española sean verosímiles. Y después, que el Gobierno oriente sus actuaciones de manera preferente a aquellos sectores y mercados donde siguen aflorando no pocas de las limitaciones asociadas al modelo de crecimiento propiciado en los últimos años. Es bueno, por ello, que la inversión pública mantenga un ritmo de crecimiento significativamente superior al de los gastos corrientes, como lo es reforzar la eficacia en la generación de ingresos públicos a través de la eliminación de las bolsas de fraude fiscal todavía existentes.

La presentación de ese plan de convergencia en el Parlamento debería dar lugar a un amplio debate político entre las fuerzas parlamentarias, con aportación de alternativas propias. Y también servir de referencia fiable a las ciudadanos sobre las posibilidades reales que este país tiene para que no queden frustradas esas aspiraciones de mayor bienestar que la completa integración europea puede deparar. Un ejercicio, en definitiva, el que han de realizar las fuerzas políticas, tan necesitado de verosimilitud como generoso en la definición de un clima de entendimiento que permita asumir a los ciudadanos esos cinco años de esfuerzos.