El Supremo de Irlanda autoriza a una niña violada a que viaje al Reino Unido para abortar
ENVIADO ESPECIAL, La mitad de Irlanda suspiro ayer con alivio. La otra mitad se enfureció. El Tribunal Supremo dictaminó que la adolescente embarazada por una violación, e igual que ella todas las irlandesas, puede abortar en el Reino Unido. Los cinco magistrados del alto tribunal revocaron, tras deliberar sólo cinco minutos, una orden de la Righ Court de Dublín y abrieron una brecha en la estricta legislación antiabortista. También dejaron claro que las leyes comunitarias están por encima de las nacionales, incluso de la Constitución. La solución al caso de la joven de 14 años, que ha reavivado la polémica nacional sobre el aborto, aleja la posibilidad de un nuevo referéndum sobre este asunto.
La orden del High Court, que a su vez confirmaba una orden de la fiscalía, se limitaba a aplicar al pie de la letra la Constitución: la vida del feto, dice el texto, está por encima de "cualquier otra consideración". La rotundidad del artículo responde al intenso sentimiento de victoria de los antiabortistas hace nueve años, cuando ganaron un referéndum con dos tercios de los votos. Pero esta vez se trataba de casi una niña, violada por el padre de una amiga del colegio, embarazada y con una profunda depresión, que le llevó a pensar en suicidarse.Lo que el Tribunal Supremo reconoció ayer como legítimo viene practicándose regularmente. Unas 4.000 irlandesas viajan cada año a Gran Bretaña para abortar. El escándalo no se habría producido si el padre de la víctima no hubiera comunicado a la policía, accidentalmente, que la chica iba a abortar en la isla vecina, poniendo en marcha la maquinaria legal. Pero ahora el Supremo ha creado jurisprudencia, y la prohibición de abortar ha dejado de existir para quien pueda pagar las 300 libras (unas 55.000 pesetas) que viene a costar, viaje incluido, una interrupción del embarazo en el Reino Unido.
Reforma constitucional
Los activistas proderecho al aborto que, desde hace una semana, se manifestaban diariamente ante la sede del Parlamento, acogieron con alegría la decisión del tribunal. Algunos aplaudieron. Pero ahora, según ellos, hay que conseguir la reforma constitucional. La mayoría de los irlandeses, según una reciente encuesta, aprobaría el aborto en caso de violación. El minoritario partido laborista y los grupos feministas se comprometieron ayer a presionar para que se celebre un nuevo referéndum. El Fine Gael, otro partido opositor, dijo ayer que es muy posible que el texto de la resolución del tribunal contenga contradicciones con la Constitución que obligarían a modificarla.
La Sociedad Protectora del Niño No Nacido, que encabeza el movimiento antiabortista irlandés, clamaba lo contrario: que las encuestas han falseado la realidad y que la Constitución está muy bien como está. Phyllis Bownan, portavoz de la sociedad protectora, se declaró "asombrada" y "escandalizada".
Albert Reynolds, primer ministro, dijo escuetamente que el dictamen del Supremo le parecía "bien". En realidad, tanto él como su Gobierno, coalición del partido conservador y del reformista Demócratas Progresistas, habían animado a la atribulada familia a recurrir ante el Supremo, al anunciar que todos los costes sociales correrían a cargo del Estado. Una resolución contraria habría hecho insostenible la presión social y habría forzado un referéndum a corto plazo.
Reynolds llegó a la jefatura del Gobierno hace un mes escaso, heredando de Charles Haughey una disposición particular al tratado de Maastricht por la cual los demás socios comunitarios aceptaban no interferir en las peculiaridades antiabortistas de la legislación irlandesa. Este encaje de bolillos se hubiera roto en caso de conflicto abierto con las leyes sobre libertad de movimiento dentro de la CE, y Reynolds se habría encontrado con una crisis comunitaria, constitucional y social.
El Tribunal Supremo no hizo públicos los argumentos legales de su decisión. Uno de los magistrados había anunciado anteriormente, sin embargo, que era necesario considerar la importancia de las leyes de la CE en torno a la libre circulación de ciudadanos. La dirigente antiabortista Phyllis Bownan se mostró ayer muy contrariada por lo que llamó "intromisión" de la Comunidad en las leyes nacionales. La decisión del tribunal puede incrementar ciertos sentimientos anticomunitarios en Irlanda.
Una crisis para un pueblo que deja de ser rural
La tensión social de estos últimos días ha puesto de manifiesto dos cosas: que los irlandeses ya no son un pueblo rural, tranquilo y acendradamente religioso, o al menos, no lo son tanto como antes, y que la jerarquía católica prefiere evitar la beligerancia y los enfrentamientos de la pasada década. Irlanda se ha hecho un poco más urbana y laica, y los obispos parecen estar adaptándose a ello.Los obispos católicos hicieron saber, extraoficialmente, el pasado fin de semana que no les disgustaría una solución indirecta -aquí no se aborta, pero al otro lado sí se puede- como la que finalmente ha impuesto el Supremo.
La crisis ha puesto sobre el tapete la división de la tradicional Iglesia católica irlandesa, que ha encontrado serias fisuras entre sus sacerdotes. Por ella se ha sabido en días pasados -ver EL PAÍS del 25 de febrero- que una organización clandestina de sacerdotes católicos opera en Irlanda para ayudar a las mujeres a abortar, al tiempo que les facilita auxilios espirituales y confesión, una vez concluida la operación. Las clínicas que practican el aborto en Inglaterra, tienen una lista de estos sacerdotes dispuestos a prestar su colaboración a las irlandesas que quieren abortar.
Ayer se supo que el sacerdote católico Michael Cleary, muy conocido en el país por sus programas de radio y columnas en la prensa, había recibido amenazas de muerte por sugerir que el caso de la niña violada había sido deliberadamente planeado con la intención de comprobar la firmeza de las leyes que prohíben el aborto en Irlanda. Cleary, que se manifestó en contra de retrasar la decisión que autorizara a la adolescente a viajar al Reino Unido para someterse a un aborto, informó que había recibido una llamada telefónica anónima comunicándole que había sido colocada una bomba bajo su coche y que se le anunciaba que alguien le "cogería".
La llegada de Mary Robinson a la presidencia es, a su vez, la más clara expresión del cambio que se desarrolla en la sociedad irlandesa. Robinson ganó las elecciones presidenciales como candidata de la izquierda, partiendo de una escasísima popularidad y contra todo pronóstico. Es una abogada liberal, partidaria del divorcio -la otra gran asignatura pendiente- y del aborto en determinados supuestos.
La oposición progresista confía en Robinson a la hora de impulsar un nuevo referéndum para permitir el aborto en determinados casos. Los grupos antiabortistas la detestan. Y estos mismos grupos afirmaron ayer que intentarían cerrar la vía de escape abierta por el Supremo. "La guerra no ha terminado aquí", dijo la Sociedad Protectora del Niño No Nacido.
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