La residencia de Valdilecha tiene 15 días para quedarse con menos ancianos

La Comunidad de Madrid ha dado un último plazo de 15 días a la residencia de ancianos del término municipal de ValdIlecha para que o bien reduzca sus plazas a un máximo de cinco o bien contrate a una auxiliar de enfermería. Expirado este plazo, "la Comunidad sopesará" la posible clausura del centro, que alberga en la actualidad a nueve ancianos, según informaron ayer fuentes de la Consejería de Integración Social.El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jesús Silva, está investigando esta residencia por presuntos delitos de abandono y detención ilegal, ya que en ella existió hasta el pasado verano una especie de nave en la que fueron alojados durante meses 12 ancianos en condiciones denigrantes. Los propietarios de este albergue cerraban por la noche con candado y eadena la nave para impedir que los ancianos pudieran salir de, ella, según un informe que ha remitido la Comunidad al fiscal Silva (véase El PAÍS de ayer).

El ultimátum prohibe asimismo a la dueña del albergue, María Luisa Andrés, que incremente el precio de la estancia de los residentes, que ahora pagan al mes cantidades que oscilan entre las 70.000 y las 90.000 pesetas.

Con anterioridad, esta residencia, denominada Santa Virginia y Virgen del Olivo, fue obligada a reducir drásticamente su número de plazas -desde las 24 ocupadas que tenía el pasado verano hasta las nueve que tiene ahora-, al considerar la inspección que el centro no dispone de medios humanos ni materiales para que los internos reciban una atención adecuada.

50 expedientes

Por otra parte, la Consejería de Integración Social ha incoado desde que entró en vigor la normativa de actuaciones inspectoras de noviembre de 1990 un total de 50 expedientes sancionadores (algunos de los cuales también han sido enviados a la fiscalía) contra otras tantas residencias de la tercera edad ubicadas en la región. La mayoría de estos expedientes son consecuencia de denuncias interpuestas por los propios ancianos o sus familiares, y en general se refieren a falta de asistencia, precios elevados, hacinamiento y desorden administrativo, según reconoció ayer Pedro Plans, responsable del servicio de inspección de la consejería.

Plans aseguró que la política inspectora de Integración Social tiene como objetivo básico dignificar la estancia de los ancianos en los albergues, ya sean públicos o privados, y que para ello la Comunidad será inflexible con los centros que incumplan la actual normativa. No obstante, aclaró que las medidas coercitivas sólo serán aplicadas en casos extremos, como el de Valdilecha.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0021, 21 de febrero de 1992.