El uso de las lenguas y el sistema de voto dificultan la reforma del Senado

La posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas de España y el sistema de voto constituyen los dos únicos puntos conflictivos que impiden acordar la nueva fórmula para aproximar el Senado a una cámara de representación territorial. Los grupos parlamentarios han resuelto la creación de una Comisión General de las Comunidades Autónomas en la que se tratarán todos los conflictos entre la Administración y las comunidades autónomas, aunque esta comisión carecerá de poderes legislativos.

Los grupos han decidido cerrar el acuerdo después de las elecciones al Parlamento catalán del próximo 15 de marzo. El último borrador sobre la reforma del Senado se ha estudiado por los grupos parlamentarios la pasada semana, aunque han surgido algunos escollos. El primero ha sido la utilización de las lenguas, con reticencias expuesta por el por el grupo catalán. También ha habido diferencias en torno al sistema de votación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas entre los partidarios del voto ponderado -es decir, considerando la representación que cada cual tiene en la Cámara- y los que quieren que se siga estrictamente la composición que tendrá el nuevo órgano.La composición será la siguiente: 34 por el Grupo Socialista; 23, del popular; 3 de CiU; 3 del PNV; Y 9 del Mixto a estos hay que añadir 17 representantes de Gobiernos autonómicos, es decir, uno por cada comunidad y 1 representante del Gobierno central.

El texto señala que "se crea la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de carácter permanente y no legislativo". Sus funciones son las de "iniciar cuantos trámites informativos, de estudio o de seguimiento considere oportunos sobre materias de naturaleza autónomica".

El debate sobre el Estado de las autonomías, aplazado en los últimos años, será de carácter obligatorio ya que esta nueva comisión deberá presentar un informe anual de "sus actividades y deliberaciones respecto del desarrollo del Estado de las autonomías".

La desconfianza de los grupos políticos de oposición y, sobre todo, de los representantes nacionalistas ha sido el principal obstáculo para conseguir que el Senado se aproxime a una Cámara de representación territorial, según la versión socialista. Toda propuesta en este sentido ha sido interpretada como una forma más de control de Madrid sobre el resto de las comunidades. Así, o se ha reaccionado con resquemor o con indiferencia. Las visitas del presidente del Senado, Juan José Laborda, a todos los presidentes autonómicos ha suavizado la situación y esta vez parece que habrá acuerdo.

Desde la dirección socialista se reconoce que la nueva Comisión será o no eficaz dependiendo de si los grupos políticos y los representantes de Gobiernos autónomos están interesados en ejercer todas las posibilidades que ésta ofrece. Hasta ahora los gobiernos autonómicos y, sobre todo, los nacionalistas han preferido plantear sus conflictos de tú a tú con el Gobierno central. El documento establece un largo listado de funciones para esta Comisión y señala claramente la libertad de los gobiernos autonómicos para utilizarla.