Inquietud económica

SI LOS dos últimos registros mensuales del índice de precios al consumo (IPC) tienen algo en común no es otra cosa que su escasa representatividad sobre las verdaderas tensiones inflacionistas de la economía española. El IPC de diciembre sorprendió por su nivel excesivamente reducido en relación a las expectativas y su cabal coincidencia, en términos interanuales, con el último objetivo del Gobierno, cifrado en un 5,5%. Deducidos los precios de los componentes más aleatorios (alimentos sin elaborar y energía), la denominada inflación subyacente -más expresiva de esas tensiones inflacionistas- no dejaba margen al optimismo: el 6,5% con el que se cerraba el año era cuatro décimas superior al registrado en diciembre de 1990.El aumento correspondiente al pasado enero, de un 1,5%, es igualmente poco representativo del comportamiento esperado en el resto del año. En primer lugar, por el sesgo habitualmente alcista que sobre los precios suele tener ese mes: el mismo periodo del pasado año registró una variación del 1,2%. Además, era de esperar que en este año el aumento, del 12% al 13%, en el tipo normal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) afectase a los precios de los bienes industriales no energéticos y a los de los servicios en los primeros meses del año; y, en concreto, en enero en mayor medida que en los siguientes, como así ha ocurrido, aunque más moderadamente de lo que algunos expertos vaticinaban y las autoridades económicas han tratado de anticipar.

Las declaraciones del propio ministro de Economía, valorando como favorable cualquier registro inferior al 2% en el mes de enero, parecían responder a un efecto de anticipación, con la pretensión de curarse en salud garantizando que cualquier variación efectiva inferior a la citada sería bien recibida por los agentes económicos y sociales y, en definitiva, paliaría la adversa valoración que cabría hacer de la capacidad del Gobierno, y de su política económica, para controlar un desequilibrio del que ha hecho el eje casi exclusivo del discurso económico de los últimos años.

En realidad, pocas razones existen para esa suerte de temerosa complacencia que con tan inusual elocuencia, en jornadas previas a la aparición de ese dato, han puesto de manifiesto nuestras autoridades económicas. La tasa. interanual del 5,9% en que queda el IPC y el 6,4% correspondiente a la inflación subyacente no puede considerarse una buena noticia; muchos menos asumir el "Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy" del legendario visitante a Lourdes como objetivo del Gobierno en este año de transición.

Las tensiones inflacionistas de la economía espa ñola, la constante singularidad del sector servicios, con tasas de variación de los precios persistentemente superiores al 8%, la ausencia de actuaciones específicas destinadas a la eliminación de esos quistes inflacionistas, todas estas circunstancias son tanto más preocupantes cuanto que muestran su compatibilidad con un ritmo de crecimiento de la economía significativamente más bajo que el registrado en los últimos años y, en consecuencia, conviven con un crecimiento del desempleo no menos preocupante. El alejamiento, por último, de la necesaria convergencia que en materia de estabilidad de los precios estableció el acuerdo de Maastricht es también motivo de inquietud.

Agotado uno de los más importantes periodos de expansión de la economía española, la magnitud de sus desequilibrios básicos obliga a cuestionarse acerca de la eficacia de la política económica práctica y, en mayor medida, acerca de la capacidad de respuesta de que disponen sus responsables en el futuro próximo. Inquietud que es de esperar quede eliminada tras la próxima discusión parlamentaria del plan de convergencia que el Gobierno ha de presentar en Bruselas, encaminado a la pretendida participación de nuestra economía en la fase definitiva de la Unión Económica y Monetaria. De pocas ocasiones como esa dispondrá el ministro de Economía para transmitir credibilidad y confianza a los agentes económicos de dentro y fuera de nuestras fronteras, equivalentes a las que proyectó en esos años de bonanza.

Pero esa tarea no corresponde sólo al Ejecutivo; sólo con la comprensión y el consenso de la sociedad civil, convencida de que el esfuerzo es imprescindible, se podrá llevar a cabo. Un pacto para la convergencia se convierte en elemento básico de la Política, con mayúsculas, de los próximos tiempos.