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Los Doce ratifican en Maastricht la nueva Europa

El Tratado de la Unión Europea, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 países miembros de la Comunidad Europea (CE) el pasado 11 de diciembre, fue firmado ayer en la ciudad holandesa de Maastricht por los ministros de Exteriores y de Economía y Finanzas de los Doce. El tratado afectará a 340 millones de ciudadanos europeos y marca un hito en la historia de la CE. La firma abre también el paso a la ratificación del texto por los parlamentos nacionales de los países miembros, que necesitarán al menos 12 meses para darle el visto bueno definitivo. El tratado contiene importantes transferencias de soberanía desde los Estados nacionales a una organización única.

El Tratado de Unión Europea, un voluminoso texto de 313 páginas escrito en 10 lenguas, fue firmado ayer en Maastricht por los ministros de Asuntos Exteriores y Economía y Finanzas de la CE. El texto, considerado el más importante desde el tratado fundacional de Roma (1957), será presumiblemente el último sellado por los Doce con su actual mecanismo constitucional antes de la adhesión de nuevos miembros."Este tratado muestra un equilibrio entre ambición y prudencia; idealismo y pragmatismo; solidaridad y subsidiariedad", afirmó el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, que rige este semestre la Comunidad, poco antes de que los 24 ministros estamparan su firma en los textos sobre unión política y unión económica y monetaria que lo componen.

"Para España el tratado responde a nuestros intereses porque hemos unido nuestro proyecto político al europeo", señaló ayer Francisco Fernández Ordóñez, titular de Exteriores, que se refirió al carácter "irreversible" de la firma. Para su ratificación por los parlamentos nacionales de los Doce se iniciará ahora un proceso que llevará más de un año. "No creemos que vaya a haber problemas, aunque cada país aplicará sus propias normas constitucionales para ello. En nuestro caso consultaremos al Tribunal Constitucional para ver si es o no necesaria una reforma de la Carta Magna".

Moneda única

Tras la firma, Carlos Solchaga, ministro de Economía, mostró su confianza en que España salga adelante y supere los desafios planteados por el capítulo económico del tratado. "Ya hemos hecho un gran esfuerzo desde nuestro ingreso en 1986. Lo que más me preocupa ahora es el problema de la inflación. Mantenerla supondrá ganar un margen de competitividad que facilitará el resto de las obligaciones para sumarse al carro de la moneda única".

El veto británico impidió el pasado 10 de diciembre que la Comunidad pueda desarrollar de forma conjunta la Carta Social Europea aprobada en 1989. Su oposición a ceder soberanía nacional enturbió aquel Consejo Europeo donde el término federal no pudo ser incluido en el redactado final del tratado recién suscrito. En su intervención de ayer Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, lo empleó a placer para señalar que la discusión entre unionistas y federalistas, iniciada en La Haya en 1948, no ha concluido aún.

La unión política y monetaria impondrá numerosos cambios. El derecho de ciudadanía europea, garantizado en el tratado, plantea a varios países, entre ellos España, la necesidad de modificar la Constitución para permitir que los residentes de otros países comunitarios puedan "votar y ser elegidos" en las elecciones municipales.

La Comisión Europea ha empezado a echar las cuentas de los compromisos de Maastricht y el próximo miércoles presentará ante el Parlamento Europeo su propuesta de revisión de perspectivas financieras para el período 1993-1997. La CE tiene que hacer frente al nuevo compromiso de cohesión impuesto por España, que significará duplicar las ayudas para los cuatro países más pobres de la CE.

Además, tiene que reforzar los fondos destinados a política exterior, asumir el coste de la reforma de la política agraria común y aumentar las ayudas para mejorar la competitividad de ciertos sectores industriales (electrónica, automóvil, armamento y textil). Todo ello le obligará a aumentar su presupuesto de 8,5 billones de pesetas en la actualidad a más de 11 billones en 1997.

Por su parte, los ministros de Exteriores de la CE han empezado a debatir los cambios institucionales que plantea el nuevo tratado. En primer lugar está el poder de codecisión legislativa en ciertas materias que asumirá el Parlamento Europeo y la renovación de la actual Comisión, cuyo mandato termina este año.

A principios de 1995, con un nuevo Parlamento elegido unos meses antes, la nueva Comisión se sometería al voto de investidura de los eurodiputados, de acuerdo a las disposiciones del tratado.

A pesar de la voluntad de continuidad de los 17 comisarios, se da por seguro que el Gobierno griego sustituirá a la socialista Vasso Papandreu. El Reino Unido, si los Conservadores triunfaran en las elecciones, mantendría su tradición de cambio al final del mandato. Si ganan los laboristas, podría seguir Bruce Millan y ser reemplazado Leon Brittan. Italia puede sustituir a Carlo Ripa para incorporar a su ministro de Exteriores, Gianni de Michelis, que aspira a suceder a Delors. Por España, lo más probable es que se mantenga Manuel Marín y que Abel Matutes abandone el puesto.

En lo que respecta al Parlamento, los Doce tendrán que zanjar el tema planteado por Alemania de elevar su cupo de eurodiputados de 81 a 99 para dar representación a los cinco länder de Alemania del Este.

Esta ruptura del equilibrio institucional preocupa a los otros países, por la puerta abierta que significa para un mayor peso de Alemania también en las restantes instituciones. El Tratado de Maastricht obliga a crear el llamado Comité de las Regiones, un organismo meramente consultivo, pero que inaugura la representación de carácter regional en la CE. A España le corresponden 21 representantes, uno por comunidad autónoma, y los cuatro restantes, en nombre de los municipios. Los Doce todavía no tienen claro cuál es el momento en el que debe nacer este nuevo organismo.

El tratado de Maastricht dará origen a un embrión de política exterior y de seguridad común, de carácter esencialmente intergubernamental.

La política común de defensa de la Comunidad Europea (CE) implica la comunitarización de la Unión Europea Occidental (UEO), aunque en Maastricht se aceptó que este organismo tenga el doble sombrero de la CE y de la OTAN. Esta solución salomónica se impuso al final, según algunos, por el empeño del ministro Hans-Dietrich Genscher, porque el embajador alemán ante la OTAN intercedió para convencerlo.

340 millones de afectados

PoblaciónEl Tratado de Maastricht afecta la vida de 340 millones europeos.

Política monetaria

En 1997 o, a más tardar, en 1999 se creará una moneda única y un Banco Central Europeo. La peseta es posible que desaparezca, aunque no necesariamente.

Convergencia económica

Para 1997, España tiene que cumplir cuatro condiciones:

- No podrá tener una inflación superior en más de 1,5 puntos a la media de los tres países que la tengan más baja (ahora es del 5,5 frente a 2,7).

- Los tipos de interés no podrán exceder en dos puntos a la media de los tres países en que sean más bajos.

- El déficit no será superior al 3% del PIB (ahora es del 3,7%).

- La deuda no rebasará en el 60% del PIB.

Defensa y seguridad comunes

La UEO se convierte en instrumento militar de la Unión Europea. Esto no afectará a las obligaciones que ya tienen algunos estados miembros con la OTAN.

Política exterior común

Habrá coordinación en los temas internacionales, pero el procedimiento es complicado. El propio presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, ha dicho que "Ia máquina no funcionará".

Política social

La gran sacrificada en Maastricht, aunque España consiguió la principal de sus demandas sobre cohesión social: solidaridad financiera. Los Estados miembros se comprometen a desarrollar la Carta Social aprobada en 1989, excepto el Reino Unido.

Ciudadanía europea

En teoría, un ciudadano español podrá votar y ser elegido en las elecciones municipales de cualquier pueblo o ciudad de la Comunidad. Cualquier ciudadano europeo lo podrá hacer en España para lo cual habrá que reformar, tal vez, la Constitución.

Libre circulación de ciudadanos

Desde el 1 de enero de 1993, un ciudadano español podrá trabajar sin permiso especial en cualquier país miembro de la Comunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de febrero de 1992

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