Los cobradores del 'impuesto' etarra detenidos recaudaron más de 200 millones
La red de cobro del denominado impuesto revolucionario de ETA en Guipúzcoa y Navarra extorsionó por más de 200 millones de pesetas a una veintena de empresarios, según se deduce de las declaraciones prestadas ante la policía vasca por las personas chantajeadas. La banda armada exigía normalmente entre 10 y 30 millones, aunque los empresarios conseguían rebajas hasta cifras entre 3 y 15 millones.Las cuatro personas que ayer permanecían detenidas por su implicación en la red pasarán hoy a disposición del juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren. Yolanda Múgica ha quedado en libertad al comprobarse que su relación con otro de los detenidos es sentimental.
Diecisiete empresarios han declarado ya por ceder a las ex¡gencias de ETA, según informó ayer un alto responsable de la Ertzaintza (policía autonómica vasca). Las estimaciones cifran en más de 200 millones el dinero obtenido por el grupo desarticulado. La mayoría de los industriales cedió al chantaje, pero dos o tres se negaron a pagar. La cifra más alta exigida entre los casos conocidos era de 45 millones.
La Ertzaintza no ha cerrado la operación, iniciada hace 10 meses, y sus responsables consideran probable que exista una red similar en las otras dos provincias vascas. Los policías han grabado en vídeo alguno de los pagos en el aparcamiento de la plaza de Easo de San Sebastián.
Los cuatro detenidos por pertenencia a banda armada son Juan Manuel Idarraga y José Carlos Apezteguía, empleados de los periódicos Egin y Egunkaria, respectivamente, y el sindicalista de LAB de Rentería (Guipúzcoa) Jon Andoni Solagureneaskoa. La policía vasca acusa al abogado y ex miembro de la Mesa Nacional de HB Álvaro Reizábal, de colaboración necesaria, aunque no descarta que realizara funciones de coordinación de la red.
Dos detenidos en Vizcaya
La Guardia Civil detuvo el sábado en Getxo a dos presuntos colaboradores del comando Vizcaya de ETA, según fuentes del Gobierno Civil de la provincia. Se trata de María Ángeles Larrea y su hijo Alberto Paul, acusados de relación con el grupo de apoyo desmantelado la semana pasada.
Con estos son ya 18 los colaboradores de comando Vizcaya que han caído en manos policiales, a los que hay que sumar los dos liberados Kepa Urra y Juan Ramón Rojo. El titular del juzgado central de instrucción número 2, Ismael Moreno, tomó declaración ayer a 15 personas y ordenó el ingreso en prisión de Rojo y siete supuestos colaboradores de ETA, según el abogado Kepa Landa. Siete detenidos fueron liberados, informa Efe.
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