Dineros públicos

DEMASIADOS CASOS indican que en la España actual el control de los dineros públicos no es nada estricto. También, que existen canales subterráneos que comunican esos fondos con intereses privados y, sobre todo, con una financiación irregular de los partidos. Contra tales patologías del sistema caben iniciativas de diverso orden, desde la pública denuncia hasta la adopción de medidas legales que reduzcan las oportunidades de comportamientos irregulares.A este segundo aspecto responden, según sus promotores, las propuestas presentadas el lunes por el Partido Popular (PP) en relación al actual debate sobre lácorrupción. Podrá discutirse la eficacia de algunas de las reformas legales propuestas. Pero la.iniciativa en sí -tal vez resultado de la alusión al asunto realizada por Fraga en la reciente convención del PP- es coherente con la función que corresponde a la oposición. Por de pronto, permite plantear el debate sobre la corrupción, o algunos de sus aspectos, en términos racionales. Ir algo más alla del y tú más en que se ha convertido durante las últimas semanas.

No estaría justificado, entonces, aplicar a esa iniciativa el tratamiento que el lunes dio Benegas -en su conferencia en el Club Siglo XXI- a los comportamientos del PP como primer partido de la oposición, al que acusó de demagogia irresponsable y de "doble rnoral". Es verdad que lo que los populares presentan como crítica a la administración socialista parece a veces una involuntarla autocrítica por su propio comportamiento en algunas comunidades o ayuntamientos. Pero la declaración de principios que antecede a la iniciativa ahora presentada comienza por reconocer que no sería justo atribuir a un determinado partido "una particular inclinación hacia el abuso", o a otro la exclusiva de la moralidad.

Las reformas propuestas por el PP responden, en todo caso, a problemas reales, por más que algunas de ellas puedan resultar discutibles. La desviación entre los Presupuestos Generales aprobados por el Parlamento y su efectiva ejecución crece cada año y excede probablemente de lo, que sería aconsejable en materia que por definición debe estar sometida al control parlamentario. Seguramente es cierto que esto dificulta un control efectivo del gasto, pero es sobre todo a la oposición a quien corresponde pedir cuentas, en el propio Parlamento, por esa desviación, y eso no ha sido práctica frecuente. No es seguro, de todas formas, que una vuelta a los controles previos a cargo de la Intervención General -que se limita a comprobar si un determinado gasto encaja en alguno de los capítulos del presupuesto- sea el procedimiento más eficaz contra el eventual despilfarro, entre otras cosas porque añadiría lentitud a una máquina administrativa de por sí bastante pesada. Más útiles parecen técnicas de auditoría como las aplicadas en otros países y que permiten controlar la gestión en cuanto tal (la de los procesos de reprivatización, por, ejemplo), y no sólo su adecuación contable.

Especial conexión con el mundo de la corrupción parece guardar todo lo relacionado con la contratación de servicios (obras públicas, en particular) por parte de las distintas administraciones. Aquí sí que cabe estudiar mecanismos más eficaces de control, de. acuerdo con la experiencia de estos años. Tal vez haya que limitar la discrecionalidad en determinados supuestos, como propone ahora el PP, pero esa misma experiencia parece indicar que la transparencia es la más eficaz garantía contra los abusos. Ello significa, entre otras cosas, que, contra lo que el lunes reiteró Benegas, no existe contradicción entre la denuncia pública de eventuales abusos realizada por los medios de comunicación y las resoluciones que en su caso corresponda aplicar a la justicia.

No sólo porque el ejemplo italiano demuestra que no por mucho legislar dasaparece antes la corrupción, sino porque algunos de los escándalos recientes conectados con supuestas vías irregulares de financiación de los partidos, desveladas por la prensa, confirman que no es imprescindible que un comportamiento tenga encaje obvio en el Código Penal para ser merecedor de la repulsa social.