El cerebro de la red del fraude, informático sale de Carabanchel disfrazado
El juez de delitos monetarios decretó ayer la libertad bajo fianza de tres millones de pesetas para Joaquín González López, supuesto cerebro de la red de venta de datos informáticos privados, hecho por el que fueron detenidas 10 personas. González abandonó ayer la prisión de Carabanchel disfrazado con un mono blanco de pintor, pata despistar a la maraña de periodistas que le aguardaban a las puertas del centro penitenciario, según informa Efe.El funcionario César Antonio Cabeza Álvarez, jefe de la unidad de gerencia informática del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los dos empresarios arrestados por el mismo motivo quedaron libres también bajo fianza de 100.000 pesetas.
González conoció a Cabeza a través de un amigo común y le propuso, proporcionarle listados en cintas magnéticas para que aquel los cruzase con los números de identificación fiscal (NIF) existentes en el Ministerio de Trabajo.
González López, propietario de Publigest, ha salido en libertad 48 horas después de que el juez Miguel Moreiras decretase su prisión incondicional. El cambio de decisión judicial se atribuye al informe emitido por la fiscalía, en el que se pedía la inhibición de la Audiencia Nacional por no ser de su competencia los delitos de cohecho y revelación de secretos que se imputan al detenido.
También quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 pesetas los propietarios de la empresa Tres Cantos, Francisco Javier Jiménez y José María Rodríguez.
Jiménez declaró que fueron contratados por la Asistencia Técnica de Municipios (ATM), a través de Gabriel Usera y Rosa María Álvarez Cantó, dos de los informáticos detenidos y que ya quedaron en libertad bajo fianza.
Un coladero
La empresa Tres Cantos debía facilitar los datos de distintos municipios, entre ellos San Sebastián de los Reyes, Toledo, Plasencia, Cuenca, Burgos y Ciudad Real. Cobraba 2,50 pesetas por cada nombre contenido en los listados.
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria expresó ayer "su preocupación" por la existencia de "una red de traficantes de datos informáticos", y consideró "especialmente grave" que la filtración de tales datos "proceda de la Administración".
Esta asociación entiende que "es urgente colmar el vacío legal que existe al respecto", y apuesta porque se "tipifique como delito" la filtración de datos íntimos de ciudadanos a empresas privadas, informa José A. Hernández.
Por último, Miguel Soler, directivo de la empresa almeriense de publicidad por correspondiencia Post-Almería, se negó a comprar listados de información personalizada -que le habían sido ofrecidos por Coditel y CamerData- debido a los altos precios, informa Ángel González.
