El instructor del 'caso Guerra' cree necesario aclarar la responsabilidad del ex vicepresidente del Gobierno

José Cano Barrero, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instruye parte de las diligencias del caso Guerra -concretamente las relativas al uso del despacho oficial por parte de Juan Guerra-, comunicó el pasado 3 de enero a la sala de lo Civil su intención de "pronunciarse sobre la eventual inculpación del excelentísimo señor Alfonso Guerra González". Cano dijo que ésta era una de las razones por la que la sala de lo Civil debía rechazar la pretensión de la Fiscalía de archivar las actuaciones contra otros cuatro cargos públicos del PSOE. La sala decidió ayer mantener la citación como inculpados de esas cuatro personas, pero por motivos diferentes.

Ésta es la primera vez en que un juez manifiesta por escrito la necesidad de investigar las supuestas responsabilidades en que hubiera incurrido el ex vicepresidente del Gobierno por el uso indebido que hizo su hermano Juan de un despacho en la delegación del Gobierno en Sevilla.La resolución de la sala lo Civil, hecha pública ayer, no cree que éste fuera motivo suficiente para negar la tesis de la Fiscalía del TSJA, que se manifestó a favor de archivar lo actuado contra los ex delegados del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín y Tomás Azorín, el delegado actual, Alfonso Garrido, y el secretario del ex vicepresidente del Gobierno, Rafael Delgado.

La sala, sin embargo, rechazó el recurso de queja presentado por el abogado de las cuatro personas citadas al considerar que "la declaración del imputado es obligatoria y garantía básica del proceso penal".

Certificado del Congreso

José Cano Barrero solicitó al Congreso de los Diputados, poco después de ser nombrado instructor, una certificación sobre la condición de parlamentario de Alfonso Guerra y ahora ha comunicado su intención de comprobar su responsabilidad en el uso anómalo del despacho de la delegación de Gobierno.

La sala rechaza que la actividad del juez instructor "se prolongue y dirija a efectuar investigaciones respecto a personas aforadas en otro órgano jurisdiccional respecto a las que, por el momento, ni existe imputación ni competencia de esta sala para producirlas". Esto, sin embargo, no cierra la posibilidad de que en el curso de la instrucción pudiera aparecer alguna imputación. En este caso la competencia, por el foro especial del diputado Alfonso Guerra, recaería sobre el Tribunal Supremo.

La sala de lo Civil y Penal del TSJA invocó al tribunal para que los cuatro cargos públicos citados declaren como inculpados ante el juez Cano Barrero a partir de hoy. La resolución, leída en audiencia pública ante numerosos periodistas y curiosos, recuerda que, según el Constitucional, "el juez está obligado a determinar quién sea el presunto autor del delito a fin de citarlo para su comparecencia, comunicarle el hecho punible y tomarle declaración para indagar no sólo dicha participación sino también para permitir que el imputado sea oído por la autoridad y pueda exculparse".

Es más, la sala cree que la declaración de los imputados "se debe practicar sin demora". Rafael Delgado y Alfonso Garrido declaran ante el juez hoy; mañana lo harán Leocadio Marín y Tomás Azorín, y el viernes el propio Juan Guerra.

Valoración

Por su parte, los portavoces de la oposición parlamentaria de Andalucía de la que forman parte el Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y el Partido Andalucista (PA), valoraron positivamente el auto de la sala de lo Civil, informa la agencia Efe. Gabino Puche, del PP, dijo que era "la decisión lógica que todos esperábamos" y agregó que coincidía con la valoración hecha por el juez de Sevilla Ángel Márquez, quien traspasó al TSJA las competencia sobre parte de la investigación.

Diego Valderas, de Izquierda Unida, señaló que la resolución "da la razón a lo que planteábamos de IU, que todas las personas relacionadas con el "caso Guerra" deben prestar declaración". Por su parte, Miguel Calvo, del Partido Andalucista dijo que el TSJA "ha obrado con gran sensibilidad".

El portavoz de la Junta de Andalucía, José Nevado, manifestó su respeto hacia la decisión de los magistrados que han actuado, dijo, "con la misma independencia que el fiscal de Andalucía Luis Portero", quien pidió el archivo de las actuaciones.