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EL 'ESCÁNDALO RENFE', EN EL PARLAMENTO

La comisión de investigación de Renfe llama a declarar a García Valverde y a otros 70 testigos

El ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, será el primero en comparecer el próximo día 15, a las nueve de la mañana, ante la comisión parlamentaria de investigación de Renfe, según acordó ayer por unanimidad en su primera reunión para establecer el calendario de trabajo. El número de comparecencias será de 71. El mismo día 15 comparecerán Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid; José Barrionuevo, ex ministro de Transportes; Eduardo Mangada, ex consejero de la Comunidad de Madrid, y José Luis Pinedo Crespo, ex asesor de Renfe.

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Todos ellos tienen "responsabilidad política en las decisiones del diseño de la operación", según afirmó el presidente de la comisión, el socialista José Félix Sáenz Lorenzo. Tras una primera reunión de poco más de dos horas, el presidente de la comisión informó que existía unanimidad a la hora de aceptar la comparecencia de 71 personas que desfilarán ante los diputados de la comisión a lo largo del mes de enero, los miércoles y jueves de cada una de las semanas próximas, desde las nueve de la mañana y hasta que sea necesario, por la tarde y noche, para tratar de mantener un ritmo de 10 comparecencias diarias.Ocho nuevos nombres

Sáenz Lorenzo dijo que él había propuesto a la comisión 63 nombres, de entre todos los que habían solicitado los grupos parlamentarios, y que a ellos se añadieron ayer mismo otros ocho, hasta completar los 71 citados. Sólo han quedado excluidos, según Sáenz de Lorenzo, aquellas personas que no tienen relación directa con la operación de venta de terrenos en Madrid, supuesto en el que, según él, se encuentran el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, o el ex ministro de Transportes, Abel Caballero. Sáenz Lorenzo aseguró que todos los grupos habían estado de acuerdo en este punto. Felipe Camisón, por parte del Grupo Popular, dijo más tarde que, en cualquier caso se había dejado la puerta abierta a la solicitud de cualquier comparecencia siempre que se demostrase la implicación de una determinada persona en la operación de venta que se va a investigar.

El presidente de la comisión habló de cuatro grupos de personas que comparecerán, por ese orden, ante los diputados. En primer lugar, aquellas con responsabilidad en el "diseño de la operación". En este apartado, además de los cinco ya citados, se incluye a los alcaldes de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas; al ministro de Transportes, José Borrell; a la presidenta de Renfe, Mercé Sala, y al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Revenga Sánchez.

El segundo grupo, lo integrarán todos los que en Renfe o Equidesa hayan intervenido en la operación de compra de terrenos; en este paquete entran unas 15 personas aproximadamente.

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La tercera fase estará dedicada a todos los vendedores y personas que han intervenido en las transacciones y, por fin, un cuarto grupo, más heterogéneo, en el que se encuentran desde directores de sucursales bancarias; el notario de San Sebastián de los Reyes, Clavero Blanch, o el director general de Inspección Financiera del Ministerio de Hacienda. Una vez cerrado el capítulo de comparecencias, acudirá de nuevo ante la comisión García Valverde.

En cuanto a los documentos solicitados a través del Gobierno, Sáenz Lorenzo reconoció que, minutos antes de iniciarse la, reunión de ayer, el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Rodríguez Zapatero, le anunció que a lo largo de la jornada llegarían al Congreso el 90% de los documentos solicitados, pero que no le será posible al propio Gobierno conseguir la totalidad de los documentos que han pedido los distintos grupos.

Contrastar realidad y legalidad

C. V. La comisión investigadora de Renfe aceptó ayer, por unanimidad de sus miembros, una propuesta de trabajo del diputado del Centro Democrático y Social (CDS) y miembro de la citada comisión, Rafael Martínez Campillo. Se trata de una metodología que permita comparar la realidad de lo ocurrido, una vez que se vaya conociendo a través de las declaraciones y documentos, con la legalidad vigente.

El método propuesto y aceptado por la comisión investigadora de Renfe es el siguiente:

1. Ámbito de actuación del presidente de Renfe y contraste con lo que realmente ha hecho.

2. Origen, utilización y control de los fondos económicos en Renfe y en sus filiales.

3. Función y capacidad de decisión de cada uno de los miembros dentro del organigrama de dirección de Renfe y de Equidesa. Con esto se trata de averiguar cuál ha sido el comportamiento exacto de cada una de las personas que integran la cúpula directiva de ambas organizaciones.

4. Obligaciones de Renfe según la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y de la Ley del Suelo en las operaciones urbanísticas.

5. Obligaciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos antes de la modificación o revisión de los planes de urbanismo.

6. Formas de poner en el mercado el patrimonio inmobiliario de una empresa pública.

7. Aspectos fiscales de las operaciones de venta de terrenos y papel del Ministerio de Hacienda.

Sobre todos estos extremos se pidió un dictamen al letrado de la comisión, según informó el presidente de la misma, el socialista José Félix Sáenz Lorenzo.

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