Renfe pagó 70 millones por estudios inmobiliarios a empresas implicadas en el fraude del IVA

José Luis Pinedo Crespo, asesor para temas inmobiliarios de la presidencia de Renfe durante la época de Julián García Valverde, encargó informes sobre la operación de San Sebastián de los Reyes, valorados en unos 70 millones de pesetas, a dos sociedades presuntamente implicadas en el fraude del IVA. En una de dichas sociedades, ABC Empresarios, figuran como socios José Antonio Cardós, Carlos Juan Villa y José Joaquín Acosta García. Cardós y Villa, socios a su vez de una de las empresas más beneficiadas por las compras de Renfe, Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), fueron detenidos a raíz de las investigaciones sobre la venta a distintas empresas de facturas falsas.

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, revisó el discurso de García Valverde en el Congreso, en el que explicaba la operación de compra de terrenos y trasladaba su responsabilidad al Ministerio de Transportes y a la Comunidad de Madrid. Serra suprimió los nombres de políticos y altos cargos.El conocimiento de los informes encargados por José Luis Pinedo, su elevado precio -que algunas fuentes cifran en 70 millones-, y las personas implicadas provocaron un gran escándalo en la actual dirección de Renfe -que encabeza Mercé Sala-, que decidió querellarse contra José Luis Pinedo.

Querella

La querella, pese a existir pruebas fehacientes de los hechos, no se presentó. Los informes encargados por Pinedo en 1989 refuerzan la tesis de que en la operación de Renfe en San Sebastián de los Reyes existieron irregularidades desde su misma concepción y convierten en algo más que simple coincidencia la relación entre quienes diseñaron la operación en la empresa pública y los detenidos por el fraude del IVA.

Pinedo Crespo encargó informes a ABC Empresarios y a otra sociedad. ABC Empresarios, constituida en 1987 con un capital de un millón, declara, entre sus objetos sociales "la construcción, promoción, explotacióri en arrendamiento y venta de viviendas de todo tipo, locales comerciales, naves industriales, talleres, fábricas, almacenes, oficinas, urbanizaciones y fincas rústicas". Dos de los socios de ABC Empresarios, Carlos Juan Villa y José Antonio Cardós, aparecen como socios de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), arrendataria de varias de las fincas adquiridas por Renfe y que fue compensada por esta compañía con 400 millones por renunciar a sus alquileres, presuntamente ficticios.

Además, tanto Cardós como Villa controlaban la sociedad Malagueña, de Obras y Proyectos (Maopsa), que también intermedió y se benefició de la compraventa de terrenos por parte de la filial de Renfe, Equidesa. Maopsa vendió a Renfe una parcela por valor de 101 millones en febrero de 1990. Dicha parcela había sido adquirida por la sociedad malagueña pocos días antes por 59 millones. Una segunda aparición de Maopsa se produjo en abril de 1990, cuando vendió a la sociedad Berkeley -con domicilio en las Islas Vírgenes- una finca por ocho millones de pesetas. Esta finca fue adquirida por Renfe un mes después a una tercera sociedad -Toher- por 223 millones de pesetas. Toher también aparece relacionada en el fraude del IVA.

En su discurso de diciembre ante la Comisión de Industria del Congreso, el actual ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, remarcó la inexistencia de cualquier relación entre la red del fraude del IVA descubierta en aquellos días con la operación de San Sebastián de los Reyes.

En aquel discurso, García Valverde descargó responsabilidades sobre otras administraciones públicas (Comunidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Transportes y ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas), si mencionar nombres propios.

García Valverde atendió de esta forma, sólo parcialmente, las recomendaciones efectuadas por las altas instancias de su partido. Destacados dirigentes del PSOE, según fuentes del partido, hicieron llegar al ministro de Sanidad -la idea de que "podría ser salvado, si se dejaba salvar", en un intento de evitar que el ex presidente de Renfe salpicara a otras instancias y personalidades del partido.

García Valverde, no obstante, mantuvo todas las referencias a las distintas administraciones que, según su versión, estaban al corriente de las compras. Las alusiones provocaron malestar en el seno del PSOE e incluso el desmarque de algunos de los responsables de las administraciones mencionadas.

El documento leído por García Valverde fue supervisado por especialistas en derecho y por el equipo jurídico asesor del Ministerio para las Relaciones con las Cortes. Se trataba, según distintas fuentes al tanto de la investigación y del propio PSOE, de evitar cualquier laguna o flanco débil en el caso de que García Valverde fuera atacado desde la vertiente penal.