Los camioneros y la gente

LOS TRANSPORTISTAS tienen problemas. Pero ni es el suyo el único sector que los padece ni su naturaleza es tal que puedan resolverse mediante acuerdos con el Gobierno que ignoren la situación del conjunto de la economía y los derechos de los consumidores. Si su anunciada protesta produce efectos comparables a los del paro del año pasado (y la convocatoria de ahora es más extensa) se perjudicará gravemente a otros, sectores que también están en delicada situación, lo cual dificultará aún más la posibilidad de un acuerdo razonable. Por ello, y antes de que la dinámica de los acontecimientos se torne incontrolable para las patronales convocantes del paro, se impone una reconsideración global de éste. El Gobierno ha demostrado su voluntad negociadora moderando el previsto incremento del precio final del combustible, y la patronal CEOE ha realizado un razonable llamamiento público a favor de la desconvocatoria. Los responsables del sector adquirirán una pesada carga ante la sociedad española y ante sus representados si no son capaces de aprovechar esos factores para organizar una retirada ordenada del peligroso terreno en que están a punto de entrar.Y ello porque las cosas no podrían ser ahora como en 1990. Pocas veces una acción corporativa suscitó una tan unánime y cerrada animosidad del resto de la sociedad. Aquel paro produjo a la economía española pérdidas por un importe de 50.000 millones de pesetas. Los problemas de desabastecimiento de mercados como los de Barcelona, Bilbao, Pamplona y otras ciudades, más los fenómenos de acaparamiento y desorden en la distribución, determinaron en buena parte un incremento del índice de precios en octubre de 1990 superior en un 100% al del mismo mes del año anterior (y en un 50% al de 1991). El retraso en el suministro de combustible y de materias primas obligó a cerrar algunas importantes fábricas, singularmente del sector de automoción. Y millones de personas se vieron afectadas por los cortes de carretera, que impidieron circular con normalidad durante 11 días.

Todo ello fue soportado, con desconcierto primero y sorda irritación después, por unos ciudadanos impotentes ante el abuso cometido. Esa irritación no disminuyó, sino todo lo contrario, cuando, tras el acuerdo que puso fin al paro, los convocantes difundieron un escrito en el que solicitaban que las "autoridades competentes consideren con la adecuada comprensión los efectos no deseados del paro".

Justificada indignación ante esa hipocresía que finge ignorar que lo que se buscaba era justamente lo que ocurrió: unos "efectos no deseados" que implicasen contra su voluntad al mayor número posible de personas con la esperanza de que ello obligase al Gobierno a ceder en los aspectos más controvertidos. Pero difícilmente las cosas serán ahora como entonces. Una de las consecuencias de aquel desastre fue la inclusión en la legislación de normas específicamente dirigidas a sancionar a las personas o asociaciones "que provoquen incidentes o alteraciones graves en el funcionamiento de los servicios públicos". Las asociaciones de consumidores, alertadas por lo que ocurrió en 1990, ya han comenzado a reaccionar y plantean que o bien se trata de una huelga, en cuyo caso han de establecerse servicios mínimos, o de un ¡legal cierre patronal, lo cual obligaría a una intervención eficaz de las fuerzas de seguridad.

Los problemas del transporte en España están identificados hace años, comenzando por el de su excesiva atomización. De ella deriva su escasa productividad -costes de explotación superiores en el 18% a la media de la CE-, y, por tanto, su vulnerabilidad ante la competencia exterior en la perspectiva de la Europa de 1993. El Ministerio de Transportes ha anunciado un plan de reconversión a negociar con el sector el próximo año. El hecho de que un porcentaje significativo de los transportistas autónomos -que suponen a su vez más del 85% del total de empresas- se hayan agrupado en una patronal específica (una de las dos convocantes del paro) favorece la posibilidad de un acuerdo. Pero para ello resulta imprescindible la previa aceptación de unas reglas del juego civilizadas. Lo cual excluye actuaciones destinadas a forzar la repetición de una situación como la de 1990.