García Valverde afirma que su actuación estaba basada en pactos del Gobierno y la Comunidad

Explicó, argumentó, documentó, pero no convenció a la oposición. El ministro de Sanidad, Julián García Valverde, compareció ayer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso para explicar su actuación como presidente de Renfe en la polémica compra de terrenos de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Sus argumentos fueron que toda la operación fue decidida, planeada y aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. En su opinión, Renfe fue sólo un mero gestor urbanístico.

Su intervención había despertado una gran expectación, en un ambiente en el que por la gravedad de las acusaciones -vinculación al fraude del IVA de las sociedades intermediarias y obtención de elevadas plusvalías por las mismas- no se descartaba su dimisión.El ministro habló durante 54 minutos con ánimo tranquilo e hizo una detallada exposición de todo el proceso. Dijo que todas las operaciones habían sido transparentes -documentadas en escritura pública- y que no se habían enriquecido los propietarios particulares. Rechazó que hubiera habido información confidencial, y consideró malintencionada la vinculación con el fraude fiscal.

García Valverde terminó su intervención solicitando la constitución de una comisión de investigación que ya había sido pedida anteriormente por el Partido Popular, lo que constituye un importante precedente en este país. Sin embargo, su creación depende "de las atribuciones y límites de la misma", según el partido socialista. La larga intervención del ministro no logró, sin embargo, convencer al PP, ni a Izquierda Unida -partidos que hace siete meses iniciaron este proceso con preguntas al ministro de Transportes-, ni a CiU ni CDS. Felipe Camisón, portavoz del PP, fue duro en sus acusaciones, aunque no aportó nuevos argumentos. Le reprochó hacer "un discurso incoherente y un canto encendido a la especulación". "Se ha situado", dijo, "no sólo fuera de la legalidad sino a extramuros de la Constitución".

Pero fue más efectivo cuando le recordó que el Gobierno le había dejado solo. "Barrionuevo se ha desmarcado, Borrell pide que le investiguen y la presidenta de Renfe le ha abierto una investigación". Tras solicitar su dimisión, le acusó de "haber propiciado un desvío de fondos públicos a presuntos delincuentes", como el Consorcio Eléctrico Madrileño, y acabó preguntando si el ministro de Transportes conocía "la operación o si la misma se había montado para desviar fondos".

En su intervención García Valverde detalló un relato histórico de todos los acuerdos que condujeron a la decisión de comprar los terrenos en San Sebastián de los Reyes. El ministro insistió reiteradamente en que todas las operaciones fueron acordadas y decididas conjuntamente por todas las administraciones y que Renfe no fue más que un mero gestor urbanístico. García Valverde se refería a un periodo en el que al frente del Ministerio de Transportes se encontraba José Barrionuevo y Joaquín Leguina ya era presidente de la Comunidad de Madrid. Ambos pertenecen al denominado clan de Chamartín, al que en el entorno del ministro se atribuye un papel activo en la divulgación de la polémica operación.

Tras el turno de preguntas, la coherencia de la argumentación del ministro se diluyó cuando admitió "que todos los acuerdos no tienen que ser por escrito".

En este sentido, manifestó que "no puede olvidarse que Renfe, no es a efectos del servicio público, más que instrumento de ejecución de la política gubernamental, con sujeción a los recursos puestos a su disposición".

García Valverde indicó que, para garantizar la máxima transparencia, se acordó que todas las compras se efectuarían en escritura pública, aunque también señaló, que "como es lógico yo no estuve al corriente de cada uno de los pasos y de las acciones dirigidos a ejecutar la operación".

El ministro señaló que el único objetivo de toda la operación era llevar el tren a San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, pero que para este proyecto, que requería una inversión de 18.000 millones de pesetas, sólo había un presupuesto de 3.000 millones. Para ello se consideró la necesidad de adquirir unos terrenos en la zona que posteriormente serían cedidos al Ayuntamiento para la construcción de viviendas. El Ayuntamiento, a su vez, cedería a Renfe unas propiedades municipales que se revalorizarían mediante la creación de centros comerciales, y oficinas. La operación proporcionaría importantes plusvalías que servirían para financiar la parte del proyecto no cubierta por las dotaciones presupuestarias.