El PP e IU exigen formalmente la dimisión de García Valverde

El Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) pidieron ayer la dimisión del ministro de Sanidad, Julián García Valverde, por la falta de explicaciones convincentes sobre su gestión al frente de Renfe. Esta petición se realizó en el transcurso de la comparecencia del ex presidente de la compañía pública ante la Comisión de Industria del Congreso, en la que trató de explicar las operaciones de compra de terrenos de Renfe en San Sebastián de los Reyes (Madrid). El socialista Jenaro García Arreciado respondió a las críticas de la oposición calificándolas de "voces de vecindonas".

La intervención más agresiva, al menos en el aspecto formal, fue la del portavoz del Grupo Popular, Felipe Camisón. El diputado, el único que estrechó la mano del ministro cuando éste entró en la sala de la comisión, tardó poco tiempo en dirigirse a él con frases como: "Comparece usted in artículo mortis político", "sus compañeros le han dejado sólo a los pies de los caballos", y "es usted el mayor especulador del Reino".El portavoz popular centró sus intervenciones en la existencia de fraude fiscal, desvío de fondos, tráfico de información privilegiada y en la necesidad de averiguar quién había ordenado la realización de las operaciones de San Sebastián de los Reyes. Además, reiteró la necesidad de crear una comisión de investigación y pidió la dimisión del ministro.

Preguntas clave

El diputado que mejor documentó la exposición con preguntas incisivas y concretas -basadas en el informe de la investigación interna de Renfe sobre el caso- fue Jerónimo Andreu, de Izquierda Unida. Andreu cuestionó aspectos claves de la operación. El primer hecho cuestionado fueron los anticipos de tesorería autorizados por García Valverde (1.800 millones de pesetas en dos fases) que, según el informe interno de Renfe, son contrarios a las normas que dicta para las empresas públicas la Intervención General del Estado.

La segunda objeción de Andreu se centró en las tasaciones encargadas por Equidesa -filial al 100% de Renfe- sobre los terrenos adquiridos finalmente por 1.350 millones de pesetas. El representante de IU relativizó su valor argumentando que estaban realizadas, en un caso sobre expectativas, y en otro, "en base a los datos facilitados por el cliente, lo que no es usual en este tipo de estudios".

Un tercer aspecto resaltado por Jerónimo Andreu fue el del pago de compensaciones a presuntos arrendatarios fingidos de los terrenos adquiridos por Equidesa. Mientras García Valverde afirmó que sólo existían inquilinos en dos de las parcelas -lo que le costó 171 millones a la empresa pública-, el diputado de Izquierda Unida elevó el número de fincas alquiladas a media docena, de un total de nueve.

El portavoz de IU, al igual que el resto de los partidos de la oposición, solicitó la inmediata contitucion de una comisión de investigación. Además, coincidió con el PP a la hora de pedir la dimisión de García Valverde.

Rafael Martínez Campillo, portavoz del CDS, hizo especial hincapié en que ni la Ley del Suelo ni la Ley de Ordenación del Transporte y las Telecomunicaciones (LOTT) amparan estas operaciones. Campillo, que estuvo en todo momento asesorado por el portavoz parlamentario titular del CDS, José Ramón Caso, preguntó a García Valverde si la fórmula de financiación aplicada en San Sebastián de los Reyes, también lo ha sido en operaciones como "el resto del Plan Felipe o el Tren de Alta Velocidad".

El diputado del CDS renunció a pedir su dimisión, pero a cambio instó a García Valverde a que reflexionara sobre su capacidad política para estar al frente de un ministerio que tiene que acometer algo tan complejo como la reforma sanitaria.

Los representantes de Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto reforzaron la tesis de crear una comisión de investigación, y que ésta sea la que delimite las responsabilidades del ministro.

El conjunto de intervenciones lo completó el diputado del PSOE, Jenaro García Arreciado, que protagonizó una encendida defensa tanto de García Valverde como de la legalidad de la operación. Su exposición se completó con una descalificación de las críticas de la oposición, a las que definió como "voces de vecindonas" parafraseando una canción de Concha Piquer.

Además, García Arreciado manifestó que se asistía a un debate que quiere propiciar el linchamiento moral de una persona", y señaló: "No he querido traer el execrable dossier de prensa de este caso. El Grupo Socialista va a defender esta operación". Ningún miembro del Ejecutivo ni responsables del grupo parlamentario asistieron a la comparecencia.