La absurda política sobre el Sáhara
¿PUEDE UN censo demográfico convertirse en una agresión a un país? El caso del referéndum del Sáhara parece confirmarlo, a la vez que permite intuir los complejos vericuetos tácticos por los que suele discurrir la política del rey Hassan II. La fecha prevista para la consulta en el Sáhara occidental, enero de 1992, se acerca. El alto el fuego ha sido proclamado y se está cumpliendo. El Minurso -dispositivo de la ONU para el control de la consulta- se halla, en parte, sobre el terreno. El secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, declaró hace dos semanas en Nueva York que confiaba en que "el tema estará ya finalmente encarrilado" antes de que él abandone su cargo, a finales de año. Pues bien, pese a que todo parece estar relativamente en orden, lo que ocurre en la región tras el giro que ha tomado la política de Marruecos no alienta un optimismo esperanzador.El rey Hassan II siempre ha afirmado tener una total confianza en que el referéndum, organizado y controlado por la ONU, daría la victoria al reino marroquí. Incluso lo ha calificado en reiteradas ocasiones de simple confirmación de la pertenencia a Marruecos de ese territorio. Pero si de verdad Rabat confiase en que el referéndum le será favorable, la política que está siguiendo resulta absolutamente incomprensible. El único efecto de esta táctica en el plano internacional es el de tirar piedras contra su tejado, distanciarse de las Naciones Unidas y dar la impresión al mundo de que tiene miedo a un referéndum realizado con las debidas garantías.
Tomemos el problema, decisivo en toda consulta electoral, del censo de las personas con derecho a voto. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dejan perfectamente claro que la base para establecer el número de los votantes debe ser el recuento realizado por España en 1974, puesto al día y completado, en todo caso, por aquellas personas que puedan demostrar haber vivido en el Sáhara en esa fecha y que, por una u otra razón, no figuran en dicho censo.
El representante de Pérez de Cuéllar en la operación del reférendum, Johannes Manz, diplomático suizo, declaró en agosto que ya se había establecido una lista consolidada de 70.204 personas, a reserva de los casos personales que pudiesen presentarse. Pero la reivindicación planteada por Marruecos se sale totalmente del marco aprobado por la ONU: está enviando al Sáhara a numerosas personas, dé diversas partes de Marruecos, con el argumento de que sus familias son oriundas de la zona, y de la que partieron, en una u otra época, por diversas razones.
El gobernador de El Aaiún -defensor acérrimo de la causa marroquí- declaró a este periódico el 16 de octubre que el censo realizado por España en 1974 ,les una conjura contra Marruecos". En resumen, las pretensiones de Rabat en el tema del censo no sólo chocan directamente con lo acordado por la ONU, sino que crearían unas condiciones que imposibilitarían el control internacional riguroso del plebiscito.
¿Por qué esta actitud del -Gobierno marroquí, el cual sabía desde el principio que el censo de 1974 iba a ser la base para la lista oficial de personas con derecho al voto? Tal actitud no parece demostrar una confianza en un resultado favorable, sino exactamente lo contrario. Estas circunstancias parecen indicar que la voluntad de Marruecos es, o bien imponer un censo con decenas de miles de nuevas incorporaciones, o bien impedir que el referéndum pueda tener lugar. Pero si la actitud del Gobierno es desconcertante, ¿cuál es la que adopta la oposición? Pues bien, partidos como la opositora Unión Socialista de Fuerzas Populares han adoptado una postura más radical que la del monarca alauí en esta especie de carrera hacia lo absurdo: el dirigente de dicha Unión Socialista, Mohamed Elyazgui, declaró recientemente que los requisitos de la ONU para el referéndum son impracticables. Su tesis de fondo es negar que exista un problema saharaui.
Lo sorprendente del asunto es comprobar que la actitud obstruccionista del Gobierno de Rabat, con el consiguiente deterioro de su imagen, es que no plantea ninguna otra alternativa. O se realiza la consulta con las garantías patrocinadas por la ONU o se negocia directamente con el Frente Polisario, lo que no parece ocurrir. Es más, las relaciones empeoran a medida que se acerca la fecha inicialmente prevista para la consulta. No se puede olvidar que mientras no se pida opinión a quienes deben decidir su propio futuro, sin manipulaciones estadísticas, Marruecos carecerá de la total legitimidad jurídica para ejercer su soberanía en el territorio.
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