La hermandad de reservistas afilia como "socios honorarios" a militares en activo

La Hermandad del Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo, que agrupa a 6.000 miembros de las Fuerzas Armadas, en su mayoría de la reserva transitoria, ha iniciado la afiliación de militares en activo como "socios honorarios" según su presidente, José Conde Monge. Un recurso presentado por dicha asociación ante el Tribunal Supremo ha originado la suspensión del polémico decreto sobre viviendas castrenses, que afecta a unos 60.000 militares y sus familias.

El propósito de la hermandad es convertirse en embrión de una futura organización de carácter profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, que podría llamarse Asociación de Militares Españoles (AME). Conde Monge asegura que los militares tienen "inconstitucionalmente limitado" su derecho de asociación y que el artículo de las ordenanzas que prohíbe a los miembros de las Fuerzas Armadas participar en asociaciones reivindicativas vulnera la Constitución y los pactos internacionales suscritos por España.La hermandad, que desde marzo participa en Bruselas en las reuniones de un comité que agrupa a asociaciones europeas similares, pretende utilizar "todas las vías legales para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de asociación, reunión y expresión de los militares", según su presidente. Fuentes del Ministerio de Defensa sostienen, por su parte, que la ley es absolutamente clara en cuanto al asociacionismo militar y que "cada uno debe atenerse a las consecuencias de sus actos".

La decisión adoptada el pasado 20 de noviembre por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de suspender la ejecución del decreto sobre viviendas militares, ha supuesto un primer éxito para la hermandad, promotora del recurso. La suspensión supone un alivio para 1.500 militares de la reserva transitoria, a los que faltaría más de cinco años para pasar a la reserva si continuaran en activo, que debían desalojar sus viviendas el 1 de enero, en aplicación del decreto.

Pese a ello, Defensa asegura que seguirá adelante con los procedimientos de desahucio contra quienes, con arreglo a la normativa anterior al decreto suspendido, ocupen indebidamente una vivienda y advierte que incluso podrían reabrirse 400 expedientes de desalojo, que fueron archivados porque la nueva legislación favorecía a los inquilinos.

El fallo judicial tiene, sin embargo, efectos mucho más amplios, ya que paraliza todas las medidas adoptadas a partir de la aprobación del decreto, el 20 de diciembre de 1990, para reorganiza el parque inmobiliario de los ejércitos, formado por 44.009 viviendas, de las que un tercio están ocupadas por personal separado del servicio activo. Según Defensa, y que prepara un recurso de súplica contra la resolución, dejarán de pgarse las compensaciones por falta de vivienda que desde julio venían percibiendo 15.000 militares, por un monto total de 2.000 millones de pesetas en 1991.

También quedarán previsiblemente sin efecto las drásticas subidas de alquileres de las casas militares que habían empezado a implantarse a partir de este año; la adjudicación de por vida de 11.000 viviendas a retirados viudas y militares mayores de 52 años; la constitución de cooperativas para beneficiarse de créditos blandos.