Razones municipales

LA QUINTA asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Zaragoza, ha vuelto a poner sobre el tapete el tantas veces reclamado pacto de Estado a tres bandas: Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales. La novedad ha sido que el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ha sumado su voz a las de quienes lo venían reclamando.Los alcaldes y presidentes de organismos provinciales miembros de la FEMP -que agrupa a instituciones locales representativas de más del 80% de la población española- se han apercibido de que, en plena negociación de la financiación autonómica y en vísperas del pacto autonómico, la ocasión era óptima para plantear la cuestión de su crónico déficit financiero y acercarse al tantas veces reclamado reparto del gasto público con arreglo al criterio expresado por la famosa fórmula del 50-25-25: 50% para la Administración central, 25% para la autonómica y 25% para la local.

Los alcaldes han pedido un lugar, aunque sea en segunda fila, en esas negociaciones a fin de reclamar para los ayuntamientos aquellos servicios que, aun no siendo de su competencia, consideran más propios de la Administración local que de la estatal o la autonómica, como la sanidad primaria, la educación, la seguridad ciudadana o, principalmente, la vivienda. Muchas comunidades ya poseen competencias sobre estos sectores; otras las reclaman en el llamado pacto autonómico. Los alcaldes se lamentan de que en bastantes casos ya ejercen gran parte de esas actividades, pero sin la ventaja de que se les transfieran los recursos correspondientes.

Los alcaldes han aprobado resoluciones que defienden los intereses municipalistas por encima de las consignas partidarias; y si han aceptado las ofertas de diálogo lanzadas por Narcís Serra, no han renunciado a mantener unas determinadas posturas de presión política. El vicepresidente se comprometió a la inmediata liquidación por parte de Hacienda de los 87.000 millones de pesetas pendientes de pago desde junio, y abrió las puertas al diálogo en torno a los 110.000 millones adicionales que, con buenas razones legales, reclaman los ayuntamientos (y sobre los que el Gobierno sostiene un criterio diferente).

Serra ofreció diálogo y, de forma indirecta, pidió que se retirara la amenaza de acudir a los tribunales. La federación aceptó el diálogo, pero no la renuncia a los tribunales. Su argumento fue que no hay garantía de que pueda producirse un acuerdo satisfactorio en el plazo que marca la ley para presentar recurso, por lo que una renuncia expresa podría dejarles con las manos atadas. Por lo demás, el riesgo de colapso financiero de algunos municipios ha motivado la convocatoria de una asamblea extraordinaria para aprobar las medidas de fuerza que se consideren necesarias en el caso de que el Gobierno no reconozca esa deuda de 110.000 millones correspondiente al ejercicio de 1990 o se niegue a retirar de los presupuestos para 1992 una disposición adicional relativa a la participación municipal en los tributos del Estado entre 1990 y 1994.

Los alcaldes han salido corporativamente reforzados do, la asamblea, demostrando ser capaces de llegar a acuerdos al margen de las directrices partidarias. El PSOE quedó en evidencia al mostrarse incapaz de frenar las reclamaciones en tomo a los famosos 110.000 millones. Y el Partido Popular no quedó mucho mejor si se considera que tan sólo 14 de los más de un millar de alcaldes inscritos en la asamblea apoyaron su pretensión de aplazar por un año el impuesto de actividades económicas; un magro apoyo para lograr la paralización de este impuesto el próximo miércoles en el Congreso.